CLUB REPUBLICANO TERCERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

 

LA GLORIOSA REVOLUCIÓN (1868-1873)

Una mirada satírica sobre el federalismo

 

¡VIVA ESPAÑA CON HONRA!

 

Con esta proclama concluía el Manifiesto a la Nación lanzado el 19 de septiembre de 1868 por los militares que secundaron la sublevación de la Escuadra del almirante Topete, quien se había pronunciado en Cádiz el día 17 anterior. La sublevación de la Armada la precipitó el general Prim que, temiendo las dudas de los otros militares comprometidos, arengó a la marinería y oficialidad a los gritos de ¡Viva la Soberanía Nacional! y ¡Viva la Libertad! En pocos días la Revolución se extendió por el país e Isabel II, que estaba de vacaciones en Lequeitio, se vio destronada y camino hacia un exilio definitivo del que nunca regresó.

En la Historia de España era la primera vez que la Escuadra protagonizaba un Golpe de Estado. Y eso que el país arrastraba ya un historial de más de 50 años de “Pronunciamientos” (Golpes de Estado del Ejército). Desde el Golpe del 4 de mayo de 1814, perpetrado por Fernando VII contra la Constitución de Cádiz, casi todos los cambios políticos habidos en España se habían producido mediante la intervención del Ejército de Tierra en la política. El Ejército del general Elío en 1814, o el de Riego en 1820, o el Ejército francés del Duque de Angulema en 1823, fueron el principal resorte para la realización de los cambios de orientación política que tuvieron lugar en esos años. Igualmente, la hábil neutralización de los mandos militares reaccionarios, en 1833, impidió el éxito inicial del carlismo. Del mismo modo que el Motín de los Sargentos, en 1836, fue el factor principal del último restablecimiento de la Constitución de 1812. Y durante el reinado de Isabel II los generales fueron los principales agentes políticos, en función de su fuerza militar o de su influencia en el Ejército. Igualmente Espartero, Narváez y O´Donnell, se sucedieron en la dirección política del país, entre 1839 y 1868. La población, habitualmente, se limitaba a ratificar a posteriori los cambios que imponían los militares.

En 1868 la cúpula militar había decidido el derrocamiento de los Borbones, si bien esta vez el país recibió el cambio con auténtico alivio. La ficción de parlamentarismo en la que había degenerado el liberalismo, el poder de las camarillas palaciegas por encima de las instituciones constitucionales, la corrupción generalizada, la ficción de unas elecciones que siempre ganaba el partido en el poder, etc., hacían imposible que los cambios políticos se produjesen por vía diferente a la del Golpe de Estado. Para hacerse una idea, baste el dato de que los Presupuestos Generales del Estado de 1857 no fueron aprobados por las Cortes, sino por una Orden Ministerial y que, entre 1957 y 1867, muchos años no hubo siquiera Ley de Presupuestos, en un entorno de desastre presupuestario, caos de la Hacienda Pública y bancarrota técnica del Estado. La Revolución de 1868 intentó establecer un régimen civil y democrático, si bien al final la experiencia revolucionaría terminó fracasando en la frustrante Restauración de 1875.

 

Caricatura de Prim

REGENCIA DE SERRANO Y GOBIERNOS DE PRIM

La coalición revolucionaria abarcaba desde los moderados de la Unión Liberal, hasta los republicanos posibilistas, si bien los liberales moderados (Serrano) y los progresistas (Prim) tomaron la dirección del movimiento, dejando fuera del gobierno a los demócratas, partido en el que se integraban los republicanos al comienzo de la Revolución. El general Serrano, Duque de la Torre, presidió el Gobierno Provisional desde el 8 de octubre de 1868, hasta el 15 de junio del año siguiente, una vez que fue aprobada la Constitución de 1869. Durante los ocho meses de su mandato, el Gobierno Provisional estableció el sufragio universal masculino, dirigió la elección de las Cortes Constituyentes, el 18 de enero de 1869, y tomó medidas para la institucionalización del nuevo régimen. Una de las grandes cuestiones que se plantearon en el debate constituyente fue la de la instauración de la República. Entre los constituyentes de 1869 se confrontaron los monárquicos, los republicanos (liderados por Orense y Castelar) y los llamados accidentalistas o indiferentes que, fundamentalmente, eran los radicales de Cristino Martos, que se habían separado del partido demócrata.

El 15 de junio de 1869, aprobada la nueva Constitución, Serrano fue designado Regente y Prim pasó a ocupar la Presidencia del Gobierno, puesto en el que se mantendría hasta su muerte, el 30 de diciembre de 1870. El asesinato de Prim fue un misterio irresoluble durante 90 años, hasta que el abogado madrileño (nacido en Reus), Antonio Pedrol Rius, desveló en 1960 el misterio del magnicidio, atribuyendo la autoría a Montpensier.

 

Proclamación Constitución de 1869

LA CONSTITUCIÓN DE 1869

 

La constitución de 1869 instituyó la segunda experiencia de Monarquía Constitucional en España, si bien, a diferencia de la de 1812, establecía un poder legislativo bicameral, con Senado y Congreso. Por lo demás, se acercaba mucho en sus formulaciones a la idea de “monarquía democrática” con la que la calificaron sus partidarios. La separación de poderes, el sufragio universal y el más exquisito galantismo liberal, fueron sus notas más características.

La solución monárquica adoptada en 1869 dejó sorprendidos a muchos ya que, destronada la dinastía, la opción por la República parecía tan evidente como ineludible. Pero no sucedió así. El decantamiento de los constituyentes de 1869 hacia la monarquía vino impuesto por diversos factores. Contribuyó a ello el peso de una larga tradición, que no hacía fácil plantear la fórmula republicana ante buena parte de la opinión nacional. También pesaba el problema dinástico del legitimismo carlista, siempre al acecho, pues los revolucionarios de 1868 temían -y con razón- que una buena parte de la opinión conservadora se adhiriese a la causa del pretendiente, Carlos VII. Sobre esa base, Prim pensaba que una opción monárquica, del tipo que fuese, limitaría el riesgo de que el carlismo pudiese lanzarse a un nuevo intento de tomar el poder.

La fórmula monárquica era también muy problemática, pues no era nada fácil escoger a un nuevo rey. Las opciones entre miembros de la familia real española eran muy limitadas. El más cualificado de los posibles candidatos al trono, dentro de los Borbones españoles, era el infante D. Antonio de Borbón. Pero éste, hombre de siempre alejado de la vida palaciega, respetuoso con la soberanía popular y que vivía de su trabajo, fue muerto en duelo en 1869 por Montpensier, un Borbón-Orleans exiliado en España, pariente de la reina Isabel IIª y aspirante también al trono. Fue casi un asesinato, pues Montpensier provocó el duelo, seguro del resultado, para eliminar a un rival. Montpensier no fue rey de España pero, paradojas del destino, la hija de Montpensier, Mercedes, llegó a ser reina de España por su matrimonio con Alfonso XII.

En ese contexto, la candidatura de Espartero al trono no pasó de ser una anécdota, pues el propio candidato renunció a ser rey, en actitud comparable con G. Washington, quien también rechazó la posibilidad de ser el rey de los nacientes Estados Unidos. Sus partidarios le proclamaron, por ello, el “Washington Español”. No obstante, en la votación final para elegir nuevo monarca, celebrada por las Cortes Constituyentes el 16 de noviembre de 1870, Espartero obtuvo 8 votos.

También jugaron a favor de la imposición de la monarquía las presiones exteriores, especialmente las recibidas de Francia e Inglaterra. Y es que Napoleón III y el gobierno británico de Gladstone veían con mucha preocupación los sucesos de España. En 1868, en Europa sólo existía la República Suiza y, en el resto del mundo civilizado sólo existían repúblicas en América. La dinastía Borbón había sido aceptada en 1713 como resultado del acuerdo franco-británico sobre sus respectivos intereses estratégicos y comerciales en la Península Ibérica. Un acuerdo que se había reiterado en 1823, para reponer en el poder absoluto a Fernando VII, y de nuevo se había ratificado en 1834 para sostener la monarquía de Isabel II frente a D. Carlos. La posibilidad de que los españoles pudiesen elegir libremente a su Jefe del Estado, es decir, la República, planteaba serios interrogantes sobre los intereses franco-británicos, tan ligados a la dinastía derrocada. Napoleón III llegó a decirle a Prim que Francia nunca aceptaría la posibilidad de una República en España

Por todo ello, y pese a la dificultad que entrañaba encontrar un monarca que suscitase a la vez la aprobación de los españoles y la conformidad de Francia e Inglaterra, Prim se dedicó durante 1869 y 1870 a buscar un nuevo monarca para España. El 15 de junio de 1869, el general Serrano fue nombrado Regente, puesto en el que se mantuvo hasta diciembre de 1870 en que el nuevo Rey designado, Amadeo de Saboya, tomó posesión.

 

Amadeo de Saboya ante el cadáver de Prim

 

UNA MONARQUÍA DE IMPORTACIÓN

 

Las pesquisas de Prim, que facilitaron el estallido de la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871), alcanzaron por fin un resultado tangible al aceptar la Corona de España Amadeo de Saboya, Duque de Aosta y hermano del recientemente proclamado Rey de Italia, hombre de ideas más bien liberales. En la sesión de Cortes para la elección del rey, celebrada el 16 de noviembre de 1869, la votación arrojó el siguiente resultado:

República: 63 votos
Amadeo de Saboya: 191 votos
Montpensier: 28 votos
Espartero: 8 votos
Alfonso de Borbón: 2 votos
Luisa Fernanda de Borbón: 1 voto
En blanco: 19 votos
Cuando presentó la candidatura de Amadeo ante las Cortes, el 3 de noviembre de 1869, dijo Prim en alusión al italiano: “Tenemos Rey para bien de la Patria y para bien de la Libertad”. A lo que Castelar respondió desde la tribuna de oradores:
“Nos acaban de anunciar que, por fin, vamos a tener un rey y nadie, absolutamente nadie, ha sonreído, nadie se ha regocijado, nadie ha aplaudido, nadie se ha levantado, nadie ha proferido un ¡Viva! Todos habéis quedado fríos, como si al presentaros un monarca, os hubiesen presentado un cadáver.”

El acertado diagnóstico de Castelar no tardó en hacerse realidad. Si la Revolución del 19 de septiembre de 1868 había tenido un motivo unificador para sus autores, éste fue el propósito común de acabar con la corrupta e incompetente camarilla cortesana que regía al país y terminar con una dinastía que, desde el entronamiento de Carlos IV en 1788, sólo había traído desgracias y desastres a España. Se trataba de destronar a una dinastía que había hundido a la nación. La solución obvia era la reconstitución del Estado bajo nuevas formas, ineludiblemente republicanas, pero la República se escamoteó, momentáneamente, mediante la elección de Amadeo de Saboya.

Pero la solución no funcionó, ni en lo interno ni en lo internacional ni en ninguna forma. La monarquía importada presentaba un “currículum” realmente impresionante. Amadeo de Saboya, siendo católico practicante, era masón y pertenecía a una dinastía excomulgada por el Papa Pío IX por razón de la ocupación de los Estados Pontificios durante la unificación de Italia (1865). Por si fuera poco, el Rey había conocido y tratado con el entonces muy admirado Garibaldi y tenía una reputación muy sólida de hombre liberal. Pero, como advertía Castelar, la nueva monarquía nacía muerta. Pese a sus aparentes méritos, siempre careció de partidarios y el asesinato de Prim, el único español que creía en Amadeo I, dejó al nuevo monarca en la más absoluta soledad durante los dos años que duró su reinado.

La nueva monarquía resultó un fiasco en todos los aspectos, a pesar de los buenos deseos que traía el nuevo rey. En lo internacional, Amadeo era un hombre de consenso entre los dirigentes españoles y los gobiernos de Inglaterra y Francia. Pero en diciembre de 1870, cuando Amadeo I llegó a España, Napoleón III había sido derrocado y se proclamaba la IIIª República Francesa. En lo interior, la nueva dinastía no pudo evitar que muchos monárquicos se pasasen al carlismo que, en 1871, empezó a preparar la que sería III Guerra Carlista (1872-1876), y la oposición republicana, lejos de amortiguarse creció y se organizó.

 

Unitarios y Federales "apuntalando" la República

EL PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL

 

El partido demócrata, que se había organizado entre 1848 y 1849, padeció la Revolución de 1868 de un modo muy acusado, hasta el punto de desaparecer, pues sus integrantes se dividieron desde el primer momento entre dos nuevas fuerzas políticas, los radicales y los republicanos federales. Hasta 1868, el republicanismo se había articulado alrededor de Clubs, Círculos, Casinos y Casas del Pueblo, o en torno a periódicos, pero sin constituir nunca una organización política nacional, autónoma y separada de otros partidos liberales. Hasta entonces, los republicanos habían estado agrupados en torno al partido demócrata.

Ahora bien, la opción de la Constitución de 1869 por la monarquía dejó a los republicanos en una posición muy desairada. Tras haber participado, y activamente, en la Revolución, y tras haber formaron el núcleo principal de los llamados Voluntarios de la Libertad (una especie de milicia ciudadana), al final se vieron apartados del Gobierno Provisional y casi extramuros del sistema. Por eso, y por la desconfianza creciente hacia los progresistas de Prim y, sobre todo, hacia los liberales de Serrano, los republicanos abandonaron el partido demócrata y crearon el Partido Republicano Federal. La orientación monárquica que adoptó el Gobierno Provisional de 1868, llevó a los republicanos a declararse por la República Federal en el otoño de 1868.

Como hemos visto en apartados anteriores, desde antes de 1812 el republicanismo estaba vivo y activo en la sociedad española. A él habían ido adhiriéndose todas las tendencias revolucionarias que no encontraron acomodo en los partidos liberales, ni siquiera con los exaltados. En 1848, habían formado el citado Partido Demócrata, en el que convivieron hasta 1868 liberales monárquicos, republicanos y los primeros socialistas. La indefinición ideológica de los demócratas fue una de las razones de su desaparición en 1868. En el Partido Republicano Federal (PRF) se situaron las corrientes más genuinamente republicanas, que pretendían establecer una democracia política en España, junto a socialistas utópicos y de orientación ácrata, que aspiraban a la “revolución social”. La definición de “federal” dada al PRF, reflejaba muy bien esa situación de dualidad en el naciente partido republicano.

De una parte, Castelar, lideraba la tendencia democrática más consecuente del PRF, que aspiraba a la creación de una República Federal siguiendo con ello el modelo general de las repúblicas entonces existentes en el mundo, como la europea Suiza (decididamente federal desde la Constitución de 1792) o como las de América, en general federales por influencia de la Constitución USA de 1787. De otra parte, Pi y Margall, lideraba una tendencia más difusa en la que se encuadraban desde liberales radicales hasta socialistas utópicos de orientación anarquista y algunos otros también imbuidos de un “mesianismo revolucionario” de tintes antiliberales y dudosamente democráticos. La dualidad de conceptos nacía de la diferente comprensión de la idea de “federación” que tenían unos y otros. Para la mayor parte del PRF, incluido probablemente el mismo Pi, la idea federal tenía relación con el proyecto de estructuración territorial del Estado Nacional. Pero el federalismo era también entendido en la perspectiva ácrata de principio asociativo, en la línea de las teorías de Proudhom expuestas en su obra “El Principio Federativo”, traducido al español por Pi y Margall en el mismo año de 1868.

El federalismo, pese a las indefiniciones señaladas o, quizás por ello mismo, experimentó un desarrollo fulminante y acelerado. Tras el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868, el federalismo se extendió por todas partes. En otoño de ese año nacieron periódicos federales, como “La Federación” de Bilbao, o “La Igualdad” de Madrid, y se constituyeron Clubs Federales, como en Barcelona, o Clubs Demócratas, como en Cádiz. Las elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869 dieron a los republicanos la cuarta parte de los escaños, lo que era un triunfo, aunque insuficiente. En efecto, la unidad de acción de los monárquicos en las nuevas Cortes respecto a la defensa de la Monarquía dejó fuera del alcance de los republicanos influir decisivamente en el texto constitucional. Sólo el genio personal de Castelar, unido a la habilidad parlamentaria de Estanislao Figueras, hizo posible una amplia influencia republicana en materias como la libertad religiosa y de conciencia.

Entre mayo y agosto de 1869, los republicanos reorganizaron su partido sobre la base de las propuestas de Valentín Almirall de articularlo mediante “pactos federativos” entre sus diferentes comités provinciales y regionales. Esto llevó a algunos, como el propio Almirall, a suponer que la organización del partido podría servir de modelo al futuro Estado, como si la estructura de una asociación política pudiera ser similar a la de un Estado. Entre tanto, la tensión entre el Gobierno de Prim y los republicanos se incrementaba a medida que crecía el descontento y la agitación republicana. La crisis saltó el 21 de septiembre de 1869, tras los acontecimientos de Tarragona, en que fue brutalmente asesinado el Gobernador Civil (en funciones) tras un mitin republicano del General Pierrad. La respuesta del Gobierno fue disolver a los Voluntarios de la Libertad, milicia cívica dominada por elementos republicanos. El proceso de desarme fue muy accidentado y degeneró en violentos motines en Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. La represión ejercida por Sagasta (ministro de Gobernación del Gobierno Prim) determinó la retirada temporal de las Cortes de la Minoría Republicana.

Tras esos sucesos, el PRF convocó una asamblea nacional para reorganizar el partido, que se celebró el 6 de marzo de 1870. La asamblea se cerró con una amenaza de escisión por causa de la Declaración de los Unitarios, quienes dominaban los medios de prensa del partido y que eran partidarios de una República Unitaria. Los Unitarios que el federalismo radical y el mesianismo revolucionario amenazaban la unidad nacional, la igualdad ciudadana, el orden social y la libertad general, además de significar una amenaza de posibles discordias civiles. La declaración de los Unitarios fue rechazada por el Directorio del PRF, compuesto por Figueras, Pi y Margall y Castelar, que reiteraron la propuesta federalista del partido, si bien Pi y Margall se veía cuestionado y retrocedía de algunas de sus propuestas más anarquizantes. Eso y la presencia de Figueras y Castelar como firmantes del rechazo, tranquilizó a los Unitarios que no llegaron a romper el partido.

Pero en la II Asamblea del Partido, en 1871, se abrió una segunda línea de fractura más peligrosa aún. Los llamados “benevolentes” se hubieron de enfrentar a los llamados “intransigentes”. Los “benevolentes”, encabezados por Figueras, Castelar y Pi y Margall, proponían la acción política dentro de la legalidad y los intransigentes proponían la acción insureccional directa. Durante la Asamblea de 1871, los intransigentes se auto denominaron “revolucionarios” y motejaron a los benevolentes de “políticos”. Para los “revolucionarios”, como Pierrad, Roque Barcia o Antón Gálvez (Tonet), el modelo a seguir era el de la Revolución de la Comuna de París (1871). Estos dirigentes extremistas, que defendían una línea de máxima intransigencia y de revolución social, proponían la acción armada y hasta la colaboración con los carlistas “contra lo de ahora”, en referencia a la monarquía de Amadeo de Saboya.

La derrota de la Revolución francesa de 1871 debilitó a los federalistas revolucionarios o intransigentes en España, que fueron derrotados en la III Asamblea del PRF, en 1872 por los “políticos” o “benevolentes” liderados por Castelar y Pi y Margall, si bien éste último mantenía su ya tradicional ambigüedad, con fórmulas del tipo “toda revolución política es necesariamente una revolución social”, si bien no cabe achacarle con ello más que el deseo de evitar que el partido se rompiese. Pero la derrota fue muy mal encajada por los iluminados del mesianismo revolucionario. Al empezar la IIIª Guerra Carlista, en octubre de 1872, los federalistas intransigentes -en alianza con los carlistas- y núcleos de miembros de La Internacional, se lanzaron a una nueva aventura insurreccional que tuvo un momentáneo éxito en El Ferrol (Coruña). La intentona fue duramente reprimida por el Gobierno de Ruiz Zorrilla (radical) y fue condenada hasta por el mismo Pi y Margall en las Cortes, al ver como los intransigentes rompían de facto el partido, justo cuando la inminente dimisión real hacía más posible que nunca el advenimiento de la República. El 24 de noviembre de 1872, los intransigentes intentaron una nueva insurrección que fue un total fracaso, pero que rompió definitivamente el PRF, pues tanto Figueras como Castelar, Pi y Margall o Salmerón, la condenaron sin reservas.

En tan delicada situación interna y con más debilidad de la que parecía, el PRF vio llegar la Primera República de la mano de los radicales de Cristino Martos y Ruiz Zorrilla. La habilidad parlamentaria de Figueras consiguió el poder para los republicanos, con el apoyo decisivo de los radicales. Pero, a cambio, y pese a los esfuerzos de Pi y Margall por recuperar la situación, el PRF estaba fatalmente dividido en las vísperas de la proclamación de la República. La escisión intransigente de 1872 fue una de las bases de la debilidad de la República y la causa principal de la Revuelta Cantonal de 1873, tan funesta para la estabilización del nuevo régimen. Como dijo Castelar:

“Vino la República, no traída por los republicanos, que no tienen derecho a llamarse los fundadores de la República, sino traída por los radicales”

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