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CLUB REPUBLICANO TERCERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

 

La República en el horizonte...

 

LA REPÚBLICA EN EL HORIZONTE: UNA PROPUESTA REPUBLICANA

 Por Manuel Muela
Presidente del CIERE

 

 

Mis primeras palabras son de agradecimiento al Ateneo de Madrid por facilitar, una vez más, esta tribuna y al Club Republicano por hacerme partícipe de la clausura del ciclo liberalismo y republicanismo que se ha desarrollado durante los últimos meses. Todo ello no sería posible sin la presencia de ustedes, que también agradezco.



Para un republicano siempre es grato participar en aquellos actos que traten del liberalismo español, pues el republicanismo que defendemos tiene su origen doctrinal y su práctica política en los movimientos liberales de principios del siglo XIX que, a su vez, eran herederos de la tradición reformista presente en el pensamiento político español desde que España se convirtió en uno de los primeros Estados nacionales de Europa. Y el recordatorio es oportuno en un momento histórico en que muchos hablan de la crisis del Estado derivada del fenómeno de la globalización y del florecimiento en Europa de los diferentes nacionalismos, como consecuencia fundamental de la quiebra del Bloque Soviético allá por1989.



Algo de certeza hay en esa visión de la crisis del Estado: las construcciones supranacionales avanzan, y el ejemplo más cercano es la Unión Europea en la que los estados socios ceden soberanía a las instituciones de la Unión, Comisión, Banco Central Europeo etc... Por otra parte, en nuestro Continente han florecido los nacionalismos, lo que está estimulando el crecimiento de movimientos políticos nacionalistas, que nos retrotraen a épocas pasadas, el romanticismo del siglo XIX, por ejemplo. Solo basta observar en este punto las actitudes políticas predominantes en los países del Este de Europa. Pero, a pesar de ello, no se puede concluir apresuradamente que el Estado en su papel de conseguir los valores de libertad y de igualdad, también de justicia, pueda ser suplantado sin más por los fenómenos apuntados.



Precisamente en este ciclo de conferencias que hoy se clausura se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con el Estado como instrumento para el desarrollo de los principios democráticos en una sociedad moderna. El liberalismo, que tanto ha tenido que ver en la configuración de los estados contemporáneos, jamás ha abjurado de esa formulación y, lo que es más, los liberales radicales españoles, de donde procede el republicanismo, siempre defendieron un Estado fuerte, que no es incompatible con el ejercicio de las libertades individuales, para hacer posible el objetivo del bienestar de la sociedad. Un Estado alejado de cualquier veleidad centrífuga que hiciera inviable su propio papel.

 

Los principios fundamentales sobre los que se asienta el Estado liberal son el imperio de la ley, la división de poderes, la garantía de los derechos y libertades y la existencia del gobierno representativo. Tales principios son comunes en las democracias modernas y, hasta la fecha, no ha sido posible superarlos, si lo que se pretende es la libertad y la igualdad. El republicanismo español ha sido fiel a dichos principios y en la dilatada historia de nuestro constitucionalismo siempre ha estado del lado de sus defensores. Por eso no es extraño que en el siglo XX, con el hundimiento dramático de la Segunda República española a manos de la intransigencia y del avance de los movimientos totalitarios, el republicanismo fue denostado por tirios y troyanos hasta el punto de que, cuando España recuperó formalmente el constitucionalismo en 1978, quedó apartado de la política española.

 

Ese apartamiento, cultivado y querido por los diferentes gobiernos de la Transición, tanto socialistas como populares, no ha impedido que el republicanismo liberal haya iniciado su renacimiento en paralelo con la decadencia y crisis de este orden constitucional. Todavía es un progreso modesto, pero las circunstancias de España estimularán su crecimiento, si se logra desterrar la nostalgia de propios y extraños y hacer del republicanismo lo que siempre fue: un proyecto de modernización y de futuro, respetuoso con el pasado digno de ser respetado pero no atado a él. Porque esto último significaría permanecer en el ostracismo y en la marginalidad.

 

En apoyo de esa visión de futuro no esta de más recordar lo que decía el presidente Azaña en una carta dirigida a su amigo Esteban Salazar Chapela el 26 de febrero de 1940:

 

“Nuestro pueblo es creador de ortodoxias y se empeña en sustraerlas a la acción del tiempo. Mucho me temo que, en lugar de poner en movimiento el cacumen y de esforzarse en ordenar la inmensa materia acarreada por la guerra y sus circunstancias, recaigan los más en parálisis, y se constituyan en “republicanos históricos”, mantenedores de una tradición que, por violada que esté, les parecerá siempre virgen. Y habremos de ser guardadores de “la República del 14 de abril”, o de un texto abolido, o de una memoria putrefacta…Actitud que gusta mucho en nuestro país, porque tiene además la apariencia de la lealtad, de la fidelidad. A mi juicio ha de hacerse lo contrario. Y no bastaría echar piel nueva. Si hemos de pasar como españoles de muerte a vida, si nuestro país no ha de ser un pudridero en que la víctima y el verdugo se corrompan juntos, si ha de lograrse una transfiguración del espíritu nacional a favor del escarmiento apadrinado y la estulticia será volviéndose de cara a la realidad del sentir español, que no puede haber desperdiciado la lección y aprovecharlo para fundar algo nuevo, quemando no solo las bambalinas y los bastidores, sino la letra y la solfa de las representaciones caducadas”.

 

Son palabras reveladoras de quien fue considerado el representante más insigne de la Segunda República, que nos invitan y alientan en la tarea de desarrollar las propuestas del republicanismo que defendemos para contribuir a que España llegue a su plenitud democrática, después de un largo camino recorrido para obtener la libertad.

 

En los primeros años del siglo XXI, lejanas en el tiempo pero quizás no tanto en el espíritu de los españoles las experiencias del siglo XX, no es posible aventurar cuándo se restaurará en nuestro país la República, que siempre se ha identificado en España con las ideas del progreso y del orden democrático, en contraposición con la Monarquía, basada en la herencia y el privilegio, y que, dada su naturaleza arcaizante, no puede representar proyecto alguno de plenitud democrática.

 

Porque, a pesar de todo, la República es una opción esperanzadora de futuro democrático, especialmente cuando llegue el momento en que los partidos del régimen de la Transición, sin distinción ideológica, constaten la esterilidad de la Monarquía y asuman la alternativa republicana como la conclusión natural e integradora de la evolución política de España. Un proceso que ya vivieron en los países cercanos a nosotros que son las grandes repúblicas de la Unión Europea: Francia, Alemania, Italia...

 

Por eso debemos rechazar expresamente, una vez más, la doctrina oficial imperante, para la que República y republicanismo son únicamente asunto de historiadores y estudiosos sin nada que aportar al devenir de nuestro proceso político. O lo que es aún peor, transmitir la idea de que el republicanismo es algo marginal, refugiado en los extremos del arco político, lejos de la templanza democrática que se requiere para solicitar apoyos en una sociedad moderna. Esto último lo hemos visto recientemente, con el eco que han obtenido las actuaciones de grupos minoritarios quemando fotos de los monarcas, que han contribuido a mantener el secuestro de la República y a estimular el descrédito del republicanismo.

 

La aceptación de esas tesis sería el peor servicio que podía prestarse a la causa de la recuperación de la integridad democrática para nuestra Patria y a la defensa del Estado como instrumento al servicio de la libertad e igualdad de los españoles.

 

Desde que se aprobó la Constitución de 1978, piedra miliar de la Transición, se ha ido incubando en España una crisis política y constitucional que ya se ha manifestado y que obliga a los protagonistas del régimen no solo a reconocerla sino a plantear reformas para encararla. Y es precisamente en ese proceso reformador en el que el republicanismo que defendemos, liberal y democrático, debería expresar sus puntos de vista con la libertad y presencia públicas de las que no dispuso cuando se elaboró la Constitución.

 

Ya he dicho en otras ocasiones que la situación de degradación de la política española, que afecta de lleno al crédito del poder público y a la permanencia y dignidad del Estado, requiere desembarazarse de tabúes y de limitaciones para presentar propuestas constituyentes que aspiren a recuperar para España y los españoles los equilibrios indispensables para desarrollar sus capacidades en libertad. En mi opinión, es estéril, y también desmoralizador, seguir revolcados en la ciénaga de las viejas querellas, adobadas con los mensajes arcaicos de algunos nacionalismos periféricos. Se impone cerrar el ciclo de confusión abierto por la Transición para debatir acerca de su superación, dando contenidos nuevos a los proyectos de revisión constitucional que circulan por la política española.

 

En mi opinión, la revisión constitucional no puede convertirse en una mera operación de calafateado de las vías de agua del maltrecho navío en que viaja la Constitución de 1978, sino que debería servir para dotarnos de una estructura constitucional sencilla y eficaz con la que, aprendiendo de las experiencias y errores del pasado, evitemos el desgarramiento de la nación, restaurando un proyecto nacional para hacer de España en lo político lo que ya es en lo económico y social: un país relevante de la Unión Europea y una potencia media en el orden internacional. Se trataría de culminar el trabajo de varias generaciones que, después de los estragos de la guerra, han situado al país en las zonas de la templanza y el bienestar, que resultan indispensables para disfrutar de los beneficios de la democracia. Para esa tarea sobran los viejos clichés y el recuerdo reiterado de los fracasos colectivos que a nada conduce.

 

Con tales premisas, me referiré a lo que considero pueden ser las aportaciones del republicanismo liberal en el debate sobre la constitución de España, resumiendo una propuesta republicana que comprenda los ejes básicos en que habría de asentarse la III República: organización territorial, educación, justicia, sistema electoral, parlamento, jefatura del Estado y políticas sociales.

   

Organización territorial

 

Durante los 29 años de vigencia de la Constitución se ha producido un fortalecimiento social y político de las minorías nacionalistas que gobiernan en regiones importantes, Cataluña y País Vasco, en paralelo con un desapego de los valores del Estado, como factor de unidad nacional e igualdad social, no solo en esas regiones, sino, lo que es más grave, en el resto de las regiones autónomas que han dedicado grandes esfuerzos presupuestarios para cultivar y desarrollar originalidades autóctonas para afirmarse a sí mismas. Todas olvidan, casi sin excepción, que, jurídicamente, son órganos del Estado al que menoscaban y rehuyen en un ejercicio de miopía política claramente lesivo para los intereses generales.

 

Por su parte, los gobiernos nacionales, tanto del PSOE como del PP, con responsabilidades de poder en la mayoría de las Comunidades Autónomas, han sido complacientes con el fenómeno y, en bastantes casos, han hecho dejación de sus competencias, sobre todo en materia educativa. Como consecuencia de ello, el poder central se encuentra inerme para ejecutar la mayoría de las políticas que interesan a los ciudadanos: la educación, ya mencionada, la sanidad, las obras públicas, la fiscalidad, algunos aspectos importantes del sistema financiero… Son las diferentes Comunidades Autónomas las que ostentan el verdadero poder, que suelen ejercer sin visión del conjunto del Estado al que pertenecen y deben su propio origen.

 

El desarrollo y ejecución de ese modelo político ha producido una gigantesca tela de araña de intereses, fundamentalmente políticos y económicos, en los que se incluye una clase política profesionalizada, renuente a cualquier cambio de modelo. La Constitución, perfectamente blindada, y las leyes electorales han venido garantizando el disfrute, en alternancia ordenada, del poder público para los protagonistas y guardianes de la Transición. Los ciudadanos han sido testigos, y sufridores en algunos casos, de una construcción jurídico-política que deja poco espacio a sus iniciativas, salvo las convocatorias electorales periódicas, bastante ahormadas por los partidos dominantes.

 

Pero, como ocurre casi siempre, una parte de esos privilegiados del poder, los nacionalistas, quieren más y consideran llegado su momento: surgen las iniciativas de las reformas estatutarias, encabezadas por el Estatuto de Cataluña, respaldadas y alentadas por el propio gobierno de la nación con el apoyo, en la mayoría de ellas, del Partido Popular. El modelo constitucional ha sido puesto en entredicho y ahora toca ver cómo se ordena la crisis constitucional por parte de unos partidos nacionales, PSOE y PP, que, se quiera reconocer o no, son tributarios de quienes la alientan, por causa de un sistema electoral desequilibrado. Las elecciones generales próximas serán ilustrativas de lo que digo. Los problemas pueden ir en aumento y la degradación del Estado continuará, en perjuicio de los ciudadanos.

 

Por ello, conviene insistir en el valor inapreciable de la unidad nacional, que es una premisa democrática, si se pretende lograr la igualdad, la libertad y el bienestar de los españoles. Desde el republicanismo hay que denunciar el error que ha supuesto considerar el valor de la unidad como algo propio de los sectores más rancios y retardatarios de la política española, desdeñando toda una tradición de defensa del Estado y de la nación que lo sustenta, enlazados ambos por los principios de la democracia.

 

Salvando las distancias, el desgarramiento del Estado, propiciado en gran parte por una clase política alejada de los intereses de los ciudadanos, está poniendo a España en el umbral de una crisis análoga a la que sufrió Francia a finales de los años 50 del siglo XX con el hundimiento de la IV República, a cuenta de la independencia de Argelia. Aquí estaríamos hablando del hundimiento de la Monarquía de la Transición, a manos de uno de los sectores más beneficiados por la misma, los nacionalistas. Francia, gracias al genio y a la autoridad de De Gaulle, alumbró la V República, que restauró la unidad del país, garantizando el mantenimiento de los valores democráticos y republicanos. España tendrá que recuperar la República.


Dada la situación creada por la Monarquía como máxima expresión del régimen político actual, es urgente apelar a la República y a su concepción del Estado Integral, para establecer límites claros y precisos al derecho a la autonomía de las regiones, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes de la República, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, junto con el enriquecimiento de las competencias de los municipios que son la administración más cercana a los ciudadanos.


La educación

La constitución y desarrollo de una sociedad de hombres libres no es posible sin una educación fundamentada en los valores del conocimiento y la tolerancia que ya se contenían en los tratados de los filósofos griegos. El cultivo del espíritu siempre ha sido divisa de quienes han pretendido la mejora de las condiciones sociales y el progreso de las naciones.

 

Esos principios cristalizaron y pasaron a formar parte de las finalidades del Estado moderno con la llegada de la Revolución Francesa en 1789, precedida por el movimiento de la Ilustración que aportó muchas de las bases ideológicas de la misma, singularmente en materia educativa. La educación nacional se convirtió en uno de los pilares del republicanismo francés y de todos aquellos que han bebido en sus fuentes, también el republicanismo español.

 

España no ha sido ajena a los grandes movimientos ideológicos de los siglos XIX y XX en pro del perfeccionamiento de la educación nacional. Siempre ha habido grupos de españoles, pensadores y educadores, dispuestos a ello; pero, para nuestra desgracia, el Estado, ni siquiera el Estado liberal del XIX, nunca asumió con vehemencia el valor de la educación. Las políticas educativas eran de corto alcance y casi siempre fundadas en la confianza de que otras instituciones, privadas o religiosas, atenderían unas necesidades, cuya demanda era limitada a las clases sociales pudientes.

 

Aunque parezca reiterativo a estas alturas de la historia, conviene subrayar que nuestro atraso y penuria educativos tienen su origen en abdicaciones sucesivas del Estado en la materia. Un Estado que, salvo en la experiencia fugaz de la Segunda República Española, no ha terminado de encontrar su lugar en la educación nacional.

 

La Segunda República que, en palabras de Azaña, “había venido a adelantar la civilización en España”, se propuso encarar el problema de la educación nacional por el único camino posible para construir un país de hombres libres: garantizar el acceso gratuito de todos a la educación, creando escuelas, suficientemente dotadas de maestros y medios materiales, en todo el territorio nacional. Sin perjuicio del respeto y del derecho de otras instituciones bien de la Iglesia, bien de las regiones autónomas a enseñar en sus propios centros, la República se reservaba la inspección, para garantizar que no se preterían o menoscababan los valores expresados en la Constitución.

 

En la práctica, la política republicana se tradujo en la construcción de miles de escuelas primarias, más de cinco mil en el primer bienio republicano, y un aumento del 30 por 100 de la plantilla de magisterio. También la enseñanza media, núcleo dominado por las órdenes religiosas, requirió la construcción de nuevos Institutos y el cambio de los planes educativos. La Universidad, último escalón de la educación, gozó de autonomía y libertad para desarrollar sus funciones, estimulándose el rigor y la exigencia como divisas del mundo universitario.

 

Ese proyecto, apenas iniciado, desapareció con el final trágico de la República y el Estado totalitario que la sucedió optó por un modelo educativo que recuperaba en parte los viejos esquemas. No obstante, la red de escuelas creadas por la República permaneció y, aunque poco dotadas y respetadas, fue el grano de mostaza de una enseñanza pública primaria que erradicó el analfabetismo de España y sentó unas bases modestas que, con la puesta en práctica de otras políticas, hubieran devenido en un claro progreso educativo.

 

Lo mismo puede decirse de la enseñanza profesional, viejo anhelo de los institucionistas que la República no pudo esbozar, que se alentó, por razones económicas, durante los años 50 y 60 del siglo XX mediante la creación de los Institutos y las Universidades Laborales, que aportaron la mano de obra especializada requerida por el crecimiento económico de la época.

 

La Constitución de 1978, tributaria en parte de los principios de la Constitución de la Segunda República, elude expresamente la definición y atribución de las competencias educativas: la educación no está en la lista de competencias del Estado ni de las Comunidades Autónomas. Queda en un limbo que permite cualquier cosa.

 

Las políticas públicas en materia educativa son poco claras y contribuyen a realzar el valor de las instituciones privadas, fundamentalmente religiosas, que se convierten en cirineos necesarios para mantener las enseñanzas primarias y secundarias. Eso, unido al esfuerzo nacionalista por lograr un régimen educativo acorde con sus principios.

 

El Estado de la Transición renunció, en contraste con la República, a crear su propia red de centros educativos, que es la mejor garantía para transmitir los valores de la educación sin discriminación alguna. Esa retirada del Estado ha ido en beneficio de los colegios privados y de los nacionalistas en aquellas Comunidades Autónomas con lengua y cultura propias, que pretenden convertir en únicas y exclusivas.

 

Durante años se han dedicado esfuerzos notorios para implantar nuevos planes educativos en todos los niveles de la enseñanza, sin que el Estado tuviera garantías de su ejecución adecuada. Los resultados de estas políticas son decepcionantes y, para nuestra vergüenza, España figura hoy entre los países con menos calidad educativa de la Unión Europea.

 

Como siempre, la falta de políticas públicas en educación va en detrimento de los más débiles y lesionan los principios de igualdad y solidaridad de los que un Estado contemporáneo no debe abdicar. Los españoles, en nuestra doble condición de ciudadanos y contribuyentes, tenemos derecho a exigir un cambio de rumbo y que el Estado asuma sus compromisos de una vez por todas.

 

El objetivo anterior debería materializarse en la concreción de planes de estudios claros y precisos que se apliquen de forma homogénea en todo el país a través de una red de centros propios. La educación, la lengua y la cultura nunca pueden ni deben ser barreras entre los españoles, y los poderes públicos tienen que velar para que así sea. Cualquier norma o precepto que contradiga dicho objetivo debe cambiarse y toda la potencia de los medios públicos de comunicación, especialmente la televisión y la radio públicas, habría de ponerse al servicio de la culturización del país, justo lo contrario de lo que viene sucediendo. Las generaciones futuras probablemente lo agradecerán.

 

Es claro que propósitos como los descritos requieren que en el nuevo orden constitucional que pudiera alumbrarse, las competencias educativas sean inequívocamente del Estado, que tiene que abandonar el régimen de subsidiariedad actual respecto de las Comunidades Autónomas y de las instituciones religiosas privadas.

 

La justicia

 

Uno de los pilares del Estado contemporáneo es el de la justicia, cuyo correcto funcionamiento sirve de termómetro para medir el grado de libertad y seguridad de los ciudadanos; porque la vida en sociedad es conflictiva y llena de contraposición de intereses, que requieren la atención de los poderes públicos, a través de la administración de justicia por parte de los tribunales.

 

Nadie pone en duda el papel capital que corresponde a la administración de justicia en nuestra sociedad, si bien la materialización y ejecución de ese papel suscita la controversia acerca de los medios que el Estado destina a su cumplimiento. En España, desde luego, el funcionamiento eficaz de la justicia es una cuestión pendiente que no termina de resolverse, para descrédito de la propia institución y motivo de insatisfacción o queja de los ciudadanos.

 

El orden político nacido con la Constitución de 1978 optó por un modelo de gobierno de la justicia, muy generoso en términos de autonomía, probablemente para contraponerlo radicalmente con el esquema de la dictadura. Así surgió el Consejo del Poder Judicial, que asumía muchas de las funciones que antes ejercía el Presidente del Tribunal Supremo, en materia de propuestas y de gobierno, y otras de carácter administrativo que correspondían al Ministerio de Justicia. A ello se han añadido, posteriormente, las transferencias de funciones a las Comunidades Autónomas.

 

Los resultados de todo ello son bastante mediocres y hasta los expertos en este terreno confiesan la imposibilidad de lograr mejoras, manteniendo intacto el modelo descrito: la dispersión de competencias y la confrontación partidaria en el seno del Consejo del Poder Judicial son, entre otros, obstáculos insalvables.

 

Si se tiene la certeza de que ello es así, las propuestas de resolución de los problemas deberían agruparse en torno a los principios de eficacia en la gestión y unidad de acción en el ejercicio de las competencias. Para tales fines convendría recuperar la figura del Presidente del Tribunal Supremo, dotado de facultades claras y precisas, y eliminar el Consejo del Poder Judicial, además de situar en el Ministerio de Justicia las competencias de carácter administrativo ahora en manos de las Comunidades Autónomas.

 

Serían medidas congruentes con el proceso de adelgazamiento del llamado Estado de las Autonomías, bastante caro e ineficaz, en beneficio de la mejora de los servicios públicos y, en este caso, del logro de la justicia.


El sistema electoral


En cualquier régimen democrático el derecho de voto es uno de los pilares del mismo. Su ejercicio debe estar dotado de las mayores garantías y sus resultados han de perseguir el objetivo de lograr la expresión de la voluntad general. El sufragio universal directo y secreto es la mejor fórmula habilitada hasta el momento para fortalecer el principio de representación.

 

La evolución de las sociedades contemporáneas y la crisis de las democracias representativas, debida en parte a la escasa actualización de los partidos políticos, han puesto sobre la mesa el debate acerca del porvenir de los diferentes sistemas electorales. Y España no es ajena a dicha inquietud, principalmente porque la experiencia de los últimos treinta años es bastante insatisfactoria en términos político-representativos.

 

Cuando se reinició el régimen constitucional allá por 1978 se pensó que los partidos políticos, también los sindicatos, necesitaban una protección especial, porque la tradición asociativa de los españoles, que siempre había sido escasa, quedó bajo mínimos con motivo de la guerra civil: asociarse y participar activamente en la política eran en el imaginario colectivo asuntos altamente peligrosos y poco valorados. Por eso había que infundir confianza y protección para aquellos que estaban dispuestos a romper los tabúes con la dedicación a la cosa pública.

 

La fórmula consistía en garantizar la financiación pública de los partidos y reforzar la autoridad de sus dirigentes con un régimen electoral, decían que transitorio, que establecía las listas cerradas y bloqueadas. Se sacrificaba la libertad de los electores en nombre del desarrollo de la cultura partidaria.

 

Siempre se comenta que las situaciones provisionales son las más duraderas, y ese es el caso del régimen de los partidos políticos y las normas electorales en España. En las tres décadas de orden constitucional la sociedad ha avanzado, la carga fiscal ha crecido hasta situarse en cotas análogas a las de nuestros socios de la UE, las viejas divisiones sociales han perdido sus aristas en beneficio del pluralismo y de la tolerancia, y es cada vez mayor el número de compatriotas que observa con sentido crítico el uso que se hace de los recursos públicos: va calando la idea del ciudadano-contribuyente, muy arraigada en los países anglosajones

 

Al contrario que la sociedad, el andamiaje político-institucional permanece anclado, básicamente, en el discurso y las pautas de comportamiento de los años 70 del siglo pasado sin apenas concesiones al cambio o la autocrítica. El statu quo se sacraliza, lo que produce su encorsetamiento e impermeabilidad, con grandes dosis de endogamia entre sus protagonistas: el discurso político se agosta y, en la mayoría de los casos, la atmósfera partidaria se hace irrespirable para los espíritus libres que, por fortuna, han ido creciendo en un país castigado históricamente por la reacción y el sectarismo.

 

A todo ello hay que sumar la aprensión cada vez mayor que suscita la prima de representación que las leyes electorales otorgan a las minorías nacionalistas, en detrimento de los proyectos de ámbito estatal. Es una disfunción que esta llegando a su clímax como consecuencia del debilitamiento de los partidos nacionales, hasta el punto de que éstos tienden a convertirse en opciones mendicantes que contribuyen muy poco a su crédito y disminuyen su capacidad para realizar un ejercicio correcto del poder público.

 

Sin perder de vista que no hay fórmulas infalibles en materia electoral, sí parece claro que el modelo alumbrado en 1977 se ha agotado y su permanencia se convierte en un obstáculo para el saneamiento de la política partidaria y para el estímulo de la participación de los individuos en las elecciones.

 

Por eso se propone un sistema en el que desaparezcan las listas cerradas y bloqueadas y en el que las circunscripciones sean más reducidas para que los electores conozcan a sus representantes, además de establecer un porcentaje mínimo de votos, alrededor del 5%, a nivel nacional para tener derecho a representación en el Congreso de los Diputados.

 
El Parlamento


A pesar de su definición constitucional como monarquía parlamentaria, el régimen de la Transición ha venido funcionando como un sistema pseudo presidencialista en el que el Congreso de los Diputados tiene escasa iniciativa y va a remolque del gobierno de turno. La fiscalización del gobierno es complicada, lo que la condena a la esterilidad. El ejemplo de eso es que no ha habido ni un solo caso de jefe de gobierno o ministro que haya dimitido por causa de una iniciativa parlamentaria. Como tampoco ha habido casos, al menos significativos, de diputados que hayan contravenido la disciplina de partido.

 

En mi opinión, las causas principales de esta situación son el poder omnímodo de los dirigentes de los partidos políticos y la institución de la moción de censura constructiva que establece la Constitución. Según esta, solo se puede censurar al gobierno si se presenta un candidato a la jefatura del mismo, sostenido por la mayoría absoluta de la Cámara. Con la excusa de defender a España de la “inestabilidad gubernamental” se creó una coraza alrededor del poder ejecutivo en perjuicio de la labor del parlamento.

 

De esta forma hemos asistido a la permanencia de gobiernos sin apoyo de la mayoría parlamentaria, por la imposibilidad de que esa mayoría pudiera proponer un candidato a la jefatura del gobierno. Como a su vez, la jefatura del Estado no tiene origen democrático, carece de iniciativa alguna en la materia. La rigidez del sistema conduce a que sea el jefe del gobierno el epicentro del mismo: el resto de las instituciones aletean a su alrededor con escasa fe en sus propias capacidades.

 

En cuanto al Senado, que se dice que es cámara de representación territorial, poco cabe decir. Si la influencia del Congreso de los Diputados es limitada la del Senado es irrelevante: sus escaños se han convertido en refugio o premio para políticos semiamortizados por los partidos, algo parecido a lo que sucede con el Parlamento europeo. Es tan notoria la poca eficacia del Senado que todos plantean su reforma, aunque quizá lo más acertado sea abogar por su desaparición.

 

La creación de una sola cámara, el Congreso de los Diputados, dotada de verdaderas capacidades de fiscalización del gobierno, es una propuesta sobre la que habría que reflexionar, si se desean fortalecer los usos democráticos y parlamentarios de la democracia en España.

 

La moción de censura constructiva, que se ha extendido a todas las instituciones representativas como los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas debería desaparecer, permitiendo la censura de la mayoría sin la obligación de aportar un candidato alternativo: éste se proveería, en su caso, por los cauces señalados para el nombramiento.

 

  La Jefatura del Estado

 

La Constitución de 1978, otorgada por el Rey que aceptó la propuesta formulada por las Cortes elegidas en junio de 1977 de acuerdo con la Ley para la Reforma Política, definió a España como una monarquía parlamentaria por analogía con algunas monarquías burguesas que sobreviven en algunos países del norte de Europa. Se trata de una figura típicamente transaccional para hacer posible la existencia de una institución no democrática, la monarquía, en el seno de un orden igualitario, basado en el ejercicio del sufragio universal.

 

En el caso de España sirvió para convalidar la decisión del general Franco, que gozaba del apoyo de los poderes reales del país y de las grandes potencias aliadas de España. Probablemente, era la salida menos complicada en el desierto político español de la época. Para realzar el papel del Rey en el nuevo orden se le atribuía el ser garante de la unidad y la independencia del país, además de ser su máximo representante en el exterior. Como colofón de ello se decretaba su irresponsabilidad ante los tribunales de justicia.

 

La práctica de todos estos años viene demostrando que las definiciones meramente retóricas carecen de eficacia en un país en el que el Estado y todas sus instituciones tienen importantes misiones que cumplir: no estamos en condiciones de permitirnos el lujo de prescindir de la jefatura del Estado como referencia democrática de la unidad y la soberanía de la nación. No es cuestión personal, sino institucional: la democracia en España, para ser plena y lograr los objetivos de cohesión y transformación del país, requiere la existencia de un jefe del Estado con facultades y responsabilidades reguladas constitucionalmente para ejercer su papel moderador.

 

En las repúblicas democráticas existen diferentes opciones a la hora de determinar las facultades de sus presidentes, pero hay un denominador común que las unifica: el presidente de la república es un elemento insustituible cuando llega el momento de las grandes decisiones sobre la política del país.

 

Cuando nos referimos a España, no de forma intemporal sino en esta circunstancia concreta de su realidad política, resulta claro que nuestra evolución debe encaminarse hacia un orden constitucional en el que el jefe del Estado sea elegido democráticamente, mediante sufragio universal directo y secreto, para ser un símbolo genuino y fuerte de la unidad del país. Sería una manera de que los españoles se sintieran representados en la más alta magistratura del Estado, que podría afrontar con ese respaldo los desafíos que aguardan por parte de los nacionalismos, convencidos como están de que ha llegado el tiempo de dar pasos irreversibles hacia la secesión.

 

LAS POLÍTICAS SOCIALES
El Estado de Bienestar

 

El final de la Segunda Guerra Mundial alumbró en el mundo libre un modelo de Estado que se fundamentaba en el mantenimiento de los principios liberales y democráticos, asumiendo aquellas propuestas del socialismo dirigidas a universalizar las políticas de protección y atención social, junto con la racionalización y equilibrio de los mercados laborales.

 

Eran los principios comunes que definían el llamado Estado de bienestar, basado en el pacto social entre capital y trabajo: se aceptaba el papel limitador del Estado en la economía en paralelo con la renuncia a la revolución. El acuerdo político que lo haría posible se sustentaba en el entendimiento entre liberal-demócratas y socialistas.

 

Con variaciones, éste modelo se extendió por toda la Europa democrática de la que España estaba apartada, aunque no podía sustraerse a una realidad, y también una tradición, que obligaba a la implantación de políticas que restauraran un mínimo consenso social para garantizar la tarea de reconstrucción de un país arruinado económicamente y con su sentido nacional disminuido. El instinto de supervivencia propio de la condición humana imponía sus reglas.

 

Las políticas sociales y laborales puestas en práctica en nuestro país se inspiraron en parte en los modelos corporativistas fenecidos en la guerra mundial con algunas añadiduras de lo que se practicaba en los países democráticos mediterráneos, singularmente Italia: mercado de trabajo protegido, atención social escasa por parte del poder público y dirigismo de la política económica. La familia se convertía en la malla de seguridad de todo el sistema.

 

A medida que España fue saliendo de la penuria y la autarquía, derivadas de la guerra y el aislamiento político, se incorporó paulatinamente al régimen de políticas sociales de la Europa mediterránea, siempre más escaso y mezquino que el del centro y norte de Europa. Porque, aunque el Estado era intervencionista no lo era en pro de lo social, sino que lo era a favor de aquellos poderes que garantizaban el funcionamiento de un sistema económico singular.

 

La crisis del Estado de Bienestar

 

Cuando España recupera el régimen de libertades, a finales de la década de los 70 del siglo pasado, lo hace en unas condiciones económicas difíciles que obligaron a un acuerdo general, suscrito por todos los partidos políticos, que se denominó Pactos de la Moncloa. Su contenido abarcaba diferentes materias y, en el punto que nos interesa, sentaba las bases del desarrollo de las políticas sociales futuras.

 

Los españoles siempre hemos tenido poca fortuna a la hora de incorporarnos a las grandes corrientes históricas, y eso sucedió con el Estado de bienestar: cuando llegó el momento de su desarrollo, empezaba a cuestionarse su existencia entre las grandes potencias occidentales. Los gobiernos conservadores del mundo anglosajón, Estados Unidos y Reino Unido, que inauguraban la década de los años 80, planteaban un discurso descarnadamente liberal que, con la excusa de corregir los errores de gobiernos anteriores, pretendía abrogar gran parte de las políticas inherentes al estado de bienestar.

 

La fuerza de ese discurso, proveniente del bloque anglosajón, le permitió entrar en la entonces Comunidad Europea en la que las posiciones de poder del socialismo democrático eran importantes, pero decadentes: ese socialismo, que tanto contribuyó a mejorar las condiciones de vida de millones de europeos, se iba quedando anquilosado sin prever la evolución de un mundo cada vez más interdependiente. A ello había que añadir el desmoronamiento del Bloque Soviético, representante del socialismo real y, en alguna medida, referente de todos los socialismos.

 

Es así como en la década de los años 80 del siglo pasado se inició el declive político e ideológico del socialismo democrático que había contribuido a la creación del denominado Estado de bienestar, cuyo paradigma se encontraba en el centro y norte de Europa: Alemania, los Países Escandinavos, Holanda y la propia Francia eran ejemplos señeros de una construcción política que pretendía satisfacer las necesidades de los ciudadanos, a través de la actuación del Estado, sin renuncia a los principios de la libre empresa. Las políticas fiscales fueron los instrumentos para desarrollar un amplio abanico de medidas sociales con las que se obtuvieron las altas cotas de bienestar que han caracterizado a las sociedades desarrolladas.

 

El discurso del conservadurismo anglosajón, muy influenciado por el capitalismo financiero, se mezcló, en mi opinión erróneamente, con los objetivos de saneamiento de las cuentas públicas acometidos por los gobiernos europeos, para alumbrar la unión monetaria y avanzar en la construcción europea. Se pretendió hacer almoneda de valores como el equilibrio y el bienestar social, amen de la propia seguridad, devaluando y desprestigiando al Estado y lo público en general en contraposición con un individualismo que, en la práctica, se viene traduciendo en el desamparo de amplias capas de la sociedad.

 

Los ciudadanos de esos países que han crecido y se han educado en un mundo de valores que había recuperado para Europa los sentimientos de la seguridad y del equilibrio social, cuya pérdida anterior había causado graves estragos al Continente, han pasado del desconcierto inicial a la protesta, cuando no a la desafección al propio sistema político.

 

El Estado de Bienestar, creación europea y motor de progreso para nuestras sociedades modernas, ha sido puesto en crisis en la UE de forma prematura, ya que las llamadas instituciones comunitarias carecen de vigor y de eficacia, por lo que a los ojos de la mayoría de los ciudadanos no pasan de ser una tecnoestructura lejana que vive en un Olimpo burocrático desde el que se lanzan reiterados mensajes que, en la mayoría de los casos, suelen ser sembradores de inquietud.

 

Pero lo grave no es que tales mensajes se lancen desde Bruselas o Luxemburgo, sino la aquiescencia generalizada de los gobiernos nacionales sin distinción ideológica alguna. Ese es, en mi opinión, el punto de partida de la protesta de los ciudadanos que observan a los gobernantes que ellos han elegido poco resueltos en la defensa del interés nacional. Lógicamente el nivel de esa protesta varía en función de la fortaleza del propio Estado. No es lo mismo Francia con un Estado fuerte impregnado de los valores republicanos que España con un Estado débil sin apenas proyecto nacional.

 

No obstante las diferencias, el Estado de Bienestar sigue siendo punto de referencia y de exigencia para los electores porque no se ha conseguido fraguar una alternativa al mismo. Y no digamos en España, donde no se puede hablar con propiedad de haber logrado aquel objetivo.

 

Como decía, los españoles hemos sido perjudicados por el discurso imperante en la Unión Europea del que nuestros gobiernos sucesivos tanto socialistas como populares han sido seguidores. De ello resulta que no solo no hemos alcanzado los niveles de bienestar y protección social de la media de la Unión Europea, sino que en los pasados diez años en los que España ha crecido económicamente de forma significativa, el capítulo del gasto social ha sufrido un retroceso de casi cinco puntos en relación con el Producto Interior Bruto.

 

Por eso, cualquier proyecto de reforzamiento democrático, y el republicanismo lo es, no puede obviar esa realidad para intentar corregirla. No se trata de predicar una intervención desmesurada del Estado, de lo que se trata es de que el Estado en España asuma las responsabilidades mínimas que incumben al poder público para que los ciudadanos, que soportan un esfuerzo fiscal análogo al de los demás europeos, tengan las contraprestaciones debidas. Ni más ni menos.

 

No sé el interés que puedan suscitar las propuestas formuladas. Los republicanos estamos rodeados de un cordón sanitario, que solo filtra aquello que recuerda fracasos o presenta actitudes marginales que se confunden interesadamente con el republicanismo. Pero aun así cabe esperar que en medio del discurso cansino y desacreditado de los partidos dinásticos, “el arroyuelo murmurante de gentes descontentas vaya engordando su caudal hasta convertirse en ancho río” como en su día profetizaba Azaña ante el advenimiento de la Segunda República y hoy podamos esperarlo nosotros para contribuir al nacimiento de la III. Muchas gracias.

 

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