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CLUB REPUBLICANO TERCERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

 


ANTE EL ESTADO DE LAS DESIGUALDADES: EL ESTADO UNITARIO

 Por Manuel Muela
Presidente del CIERE

 

 

Siempre es honroso ocupar la tribuna del Ateneo de Madrid, pero, en éste caso, es obligado destacarlo por el hecho de poder participar en un ciclo organizado por la Fundación para la Libertad, que merece nuestro apoyo y solidaridad en su labor inestimable. Por eso, agradezco a todos su presencia en un día como hoy, procurando por mi parte contribuir modestamente al enriquecimiento doctrinal de aquellos a quienes interesa el porvenir de la democracia y del Estado en España.

 

Resulta oportuno recordar en mayo de 2008, en que se conmemora el bicentenario de la Guerra de la Independencia, que la nación en armas de aquella época fue el preludio de la construcción del Estado liberal, cuyas pretensiones últimas eran la modernización del país, la supresión de los privilegios y la articulación de un régimen constitucional que incluyera a España entre las naciones que asumían el Estado como instrumento de unidad y progreso, valores puestos en marcha por la entonces reciente revolución burguesa de la vecina Francia.

 

Toda nuestra historia, a partir de ese momento, ha sido una lucha por asentar los principios que, en la mayoría de los países que los abrazaron, sirvieron de base para la consecución de la democracia y la cohesión social. Los españoles todavía no hemos llegado a esa meta, por causas diversas, a algunas de las cuales me referiré brevemente.

 

Es un hecho aceptado por toda la historiografía que España es uno de los primeros Estados modernos que nacen en Europa durante el siglo XV, asociados al concepto de nación y personificados en Monarquías patrimoniales, para superar las concepciones feudales de la Edad Media y dar paso a una Edad Moderna, más ilustrada y evolucionada económica y socialmente, bajo las pautas del Renacimiento. Ese Estado-nación fue una construcción jurídico-política, que permitió a las monarquías europeas de la época llevar a cabo la ordenación y gobernación homogénea de sus territorios, a la par que acometían la expansión colonial de los siglos XVI y XVII.

 

España participó significativamente en los ideales que configuraron el Estado Moderno, pero conviene advertir que una deriva política errónea por parte de las Dinastías, la Casa de Austria y la Casa de Borbón, impidió la evolución natural y ordenada del Estado, acompañándola del aprecio de los propios españoles. Nuestra historia, después de la Paz de Westfalia de 1648, se distancia y separa de las corrientes dominantes en Europa, favorables a la soberanía de los Estados, haciendo abstracción del hecho religioso. España no siguió ese camino y pagó el precio de su declive y aislamiento.

 

Como consecuencia de ello, el Estado en España se encontraba desacreditado, cuando se produjeron los primeros intentos de cambiarlo en el siglo XIX, al socaire de los vientos provenientes de la Revolución Francesa. Al contrario que los europeos de ese siglo, cuyo objeto principal fue dar otros contenidos ideológicos a sus Estados respectivos, los españoles que deseaban el cambio se encontraban con la necesidad de cambiar su propio Estado, o mejor dicho, acometer su reconstrucción. Tal era su ruina y descrédito.

 

Las Cortes de Cádiz con la aprobación de la Constitución de 1812 dieron carta de naturaleza a un Estado-nación, que reconocía la soberanía nacional y preconizaba la unidad de la nación bajo los principios liberales. Los diputados de Cádiz no abjuraron del Estado, sino que lo transformaron para hacer posible su continuidad y, lo que es más importante, lograr el aprecio de los españoles hacia las nuevas instituciones.

 

La mediocridad y mal hacer del rey Fernando VII, junto con las disputas de la dinastía por razones hereditarias, sumieron al país en un siglo XIX atroz, por causa de las guerras civiles, que impidió la reconstrucción del Estado tal como habían pretendido los liberales de Cádiz. El liberalismo español cayó en la tela de araña de las peleas dinásticas y no pudo dominar las inercias retardatarias que aquellas imponían, pero, aún así, dejó un caudal doctrinal, basado en la defensa de la unidad de la nación española, cuya soberanía era indiscutible. El Estado, no obstante, no pudo superar el daño infligido por la dinastía.

 

 

El Federalismo y la Primera República

 

Eso explica que cuando España se ha abierto a las ideas democráticas y de progreso, siempre han aflorado sentimientos generalizados de anticentralismo, y en bastantes casos de antiestatalismo, que provocaban la necesidad de enunciar formulaciones políticas nuevas. En este sentido debe destacarse que durante la segunda mitad del siglo XIX se observó en España un creciente y progresivo fortalecimiento de las ideas federales entre algunas elites políticas. El federalismo se convirtió en bandera destacada de las burguesías progresistas de la periferia y de algunos sectores populares.

 

El anticentralismo y las tesis federales adquirieron un relieve especial con la Revolución de 1868, iniciada con el destronamiento de Isabel II, que dio paso a un proceso constituyente en el que los españoles se iban a encarar con la construcción del nuevo Estado que deseaban. Este proceso desembocó en la Primera República de 1873, que planteó una constitución federal para España.

 

Pero el proyecto federal, teñido de ensoñaciones románticas poco realistas, carecía de soportes suficientes para estructurarse con solidez. Como consecuencia de ello, la Primera República Federal devino en un cantonalismo desintegrador, que hundió la esperanza de quienes creían de buena fe en un camino razonable para construir los nuevos modos de la convivencia de los españoles. El intento federal fracasó entonces, pero el problema que planteó quedó enunciado y sin resolver. En el futuro la democracia en España tendría que venir acompañada de formulaciones sobre la actualización del Estado y sus poderes, si en verdad se pretendía el objetivo del progreso.

 

Los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII

 

La Restauración, que sucedió a la Primera República, fue un paréntesis, un largo paréntesis de cincuenta años, en el que no se acometió la resolución de los grandes problemas españoles, entre ellos la modernización del Estado para hacer frente a las nuevas necesidades de la sociedad. Los problemas se agudizaron, y el del anticentralismo no fue una excepción.

 

Entre los factores que influyeron en el problema de la estructuración del Estado estaba el auge del nacionalismo catalán, que tuvo su primera manifestación pública y política en las llamadas Bases de Manresa de 1892, en las que se apela al reconocimiento singular de Cataluña. Estas fueron el germen del nacionalismo político catalán, que se apoyaba en la pequeña burguesía y que pretendía una organización distinta de las relaciones con el Estado.

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX Cataluña aparece entre las primeras regiones de España por su nivel de desarrollo y de educación: las burguesías emergentes contribuyeron al impulso de la industrialización catalana y supieron sacar provecho del repliegue de España a su territorio peninsular, una vez independizadas las grandes colonias de América del Sur, cuya conclusión fue la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Esa crisis española combinada con la inteligencia de algunas clases dirigentes catalanas convirtieron a Cataluña en uno de los sostenes más destacados de la Restauración canovista, que va de 1874 a 1931.

 

Durante la Restauración, Cataluña fue consciente de su importancia y se esforzó por desarrollarse para lograr unos niveles de bienestar que otras regiones españolas ni pudieron ni supieron obtener. Bien es verdad que para ello contó con el apoyo de los gobiernos de la Monarquía que nunca dudaron en atender las peticiones fiscales y de otro orden, procedentes de Cataluña. Pero, como ocurre con frecuencia, el saberse importante o casi indispensable conduce a elevar el listón de las exigencias. Y así sucedió cuando una parte de la burguesía catalana abrazó los contenidos de las Bases de Manresa de 1892, que son la primera formulación nacionalista de Cataluña. A partir de ahí, una parte de las clases sociales ilustradas catalanas se introduce en el romanticismo nacionalista, creando dudas sobre el porvenir de Cataluña en España. La cuestión catalana, trufada de nacionalismo y anarquismo, se convirtió en uno de los elementos de la crisis de la monarquía de Alfonso XIII hasta el punto de situarse en el epicentro de su hundimiento.

 

La larga crisis de la Restauración hizo posible que la llamada cuestión catalana pasara al primer plano de los problemas nacionales junto con la cuestión social. El enquistamiento de la monarquía de Alfonso XIII en las concepciones retardatarias de la política nacional, desdeñando incluso las apelaciones a la reforma procedentes del propio régimen, puso las bases de la quiebra y hundimiento del Estado de la Restauración, que se produjo con la llegada de la Dictadura del general D. Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923.

 

La Dictadura de Primo de Rivera fue el último intento de salvar a la Monarquía. Pero, en la práctica, la Dictadura permitió desechar las dudas acerca del porvenir de la Restauración y alentó a todos aquellos que desde dentro y fuera del régimen preconizaban la modernización de España y la reforma del Estado. La opción republicana era entonces, como lo es ahora, la conclusión natural de la crisis nacional.

 

 

La Segunda República y el derecho a la autonomía regional

 

La Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931, tuvo que diseñar una concepción del Estado, que mantuviese los ideales de unidad nacional en democracia, propios de la tradición liberal y republicana, atendiendo las demandas del nacionalismo catalán, que había suscrito el Pacto de San Sebastián, de agosto de 1930, junto con los partidos republicanos y representantes individuales del socialismo.

 

Las Cortes Constituyentes de la República iniciaron en el verano de 1931 la elaboración de la Constitución, uno de cuyos apartados era el relativo al modelo del Estado republicano. La controversia fue muy importante, porque confluían en la discusión, al menos, tres visiones: la federal defendida por algunos grupos republicanos y los nacionalistas catalanes, la jacobina o centralista, sustentada por la derecha republicana, los republicanos históricos y los socialistas, y la autonomista que postulaban los republicanos no históricos, cuyo representante más genuino era D. Manuel Azaña, líder del pequeño partido de Acción Republicana.

 

Tras los debates, fue desechado el federalismo por las Cortes Constituyentes y se optó por un Estado unitario, que reconocía el derecho a la autonomía de las regiones. A dicha fórmula se la denominó Estado Integral, según la propuesta del socialista Sr. Jiménez de Asúa. Era un punto intermedio y prometedor para superar el debate entre las concepciones centralistas y federalistas.

 

El derecho a la autonomía regional se regulaba en la Constitución de la Segunda República con las suficientes cautelas para evitar su extensión desmedida o apresurada y para preservar la preeminencia del propio Estado. Los recuerdos de experiencias anteriores pesaron sobremanera en los constituyentes republicanos y excitaron su prudencia y también su inteligencia política. Hasta tal punto ello fue así que los artículos de la Constitución dedicados a la organización nacional no dejaban abierta ninguna cuestión relativa a los poderes y facultades de la República ni, en su caso, a los de las futuras regiones autónomas.

 

Con el fin de dejar clara la preeminencia del Estado como factor de integración el artículo 22 de la Constitución republicana se redactó en los siguientes términos: “Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia.”

 

Fruto de esa Constitución fue el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, que pretendía zanjar el pleito histórico con Cataluña. Más tardío, una vez estallada la guerra civil, fue el Estatuto del País Vasco que, quizás sin la existencia del conflicto, se hubiera demorado aún más, pues los gobernantes republicanos no estimularon en ningún momento la proliferación de regiones autónomas.

 

 

El Estado de las Autonomías de 1978

 

La Constitución de 1978, impelida por las circunstancias, tuvo que abordar el mismo problema y, en mi opinión, lo hizo de forma más laxa y apresurada, primando en exceso las tesis nacionalistas y promoviendo desde el poder la constitución de numerosas regiones autónomas, el famoso “café para todos”, que configuran el actual Estado de las Autonomías, integrado por 17 Comunidades Autónomas.

 

Se trata de un modelo ambiguo y equívoco, que mantiene en jaque a los constitucionalistas y, lo que es peor, nunca parece llenar las expectativas de los nacionalistas y de quienes les siguen en un constante ejercicio de emulación. El resultado es que el Estado en España presenta una imagen de debilidad muy poco conveniente para nuestros intereses nacionales.

 

Se ha reiterado hasta la saciedad que el papel del Estado en las sociedades modernas ha sido y es contribuir a su desarrollo equilibrado para evitar injusticias y penurias, que impiden el avance y desarrollo de la sociedad. Y España no podía ser una excepción: como hemos visto, todos aquellos movimientos sociales y políticos que en nuestro país han querido transformar la sociedad, concedían al Estado, sobre todo a su reforzamiento y crédito, la mayor importancia. Liberales, conservadores, republicanos y socialistas han acreditado en los dos últimos siglos de historia española su respeto por el Estado como garante del bien público y de la consecución del interés general, sin perjuicio de las diferencias ideológicas y las políticas concretas que cada grupo pudiera ejecutar.

 

Esa tradición, que nos homologaba con las corrientes doctrinales imperantes en Europa, empezó a quebrarse a principio de los años 80 del siglo pasado, una vez aprobada la Constitución. El derecho a la autonomía de las regiones contemplado en la misma se fue convirtiendo en la práctica en una operación de desmontaje del Estado en beneficio de otras realidades, las Comunidades Autónomas, que, en su afán por afirmarse, se han negado a aceptar el interés nacional y, en consecuencia, han procurado el descrédito y empobrecimiento del que representa tal interés, el Estado. Han sido casi 30 años de transferencias jurídicas, materiales y humanas desde el Estado a las comunidades hasta el punto de que poco o casi nada queda por transferir. El Estado es poco más que un residuo, todavía incómodo para algunos. Así lo afirmó el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pascual Maragall, cuando se aprobó el actual Estatuto catalán.

 

Cada día conocemos hechos y circunstancias que ponen de manifiesto la intensidad de un fenómeno, el de la desigualdad, que debería estar en fase de superación, sobre todo en aquellos países dotados de un orden democrático que trae causa de los viejos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. El caso de la España actual es paradigmático de cómo, a partir de una constitución formalmente democrática, se ha ido construyendo una red de valores y realidades jurídicas, cuya maduración se ha producido en términos de sublimación de las desigualdades, siendo las más visibles las que se derivan de las diferentes políticas emanadas del poder público, que parecen tener como objetivo la construcción de una sociedad desigual. Es algo insólito que vuelve a poner a nuestro país en una dirección doctrinal y política contraria a la imperante en las naciones democráticas.

 

Todo este proceso ha sido posible porque el crecimiento económico de España y el caudal de recursos recibidos desde nuestra integración en la Unión Europea en 1985 han permitido una administración “generosa” de los dineros públicos, por utilizar una terminología benevolente. La sociedad, por su parte, ha procurado acomodarse a ese nuevo orden que, en no pocas regiones, ha generado importantes redes clientelares de individuos y empresas al abrigo de este nuevo feudalismo. Ha sido una época de divertimento y lujo que ahora empieza a pasar factura.

 

Los ejemplos serían interminables; desde la disparidad en la remuneración de los funcionarios públicos hasta la imposibilidad de elegir la lengua oficial para la educación de los hijos, pasando por la ruptura de la unidad de mercado, con fiscalidades diversas y diferentes exigencias administrativas etc.,..etc. En el vértice, el gobierno de la nación, que carece de facultades para ejecutar las políticas públicas sanitarias, educativas, asistenciales y fiscales, convertido así en predicador de lujo de la impotencia.

La legislatura recién concluida ha sido una huida hacia delante en el objetivo de debilitamiento del Estado: la oleada de reformas estatutarias, iniciada con el Estatuto de Cataluña, ha puesto las bases jurídicas para hacer prácticamente imposible cualquier intento de unidad e igualdad en el seno del orden constitucional, que ampara tales reformas. La prueba de ello la tendremos cuando el Tribunal Constitucional sentencie los recursos contra el Estatuto de Cataluña.

 

No sé si la ratificación de las últimas reformas estatutarias será el punto de no retorno en la tarea de esterilización del poder público. Si oímos a sus defensores parece que sí: esto es irreversible y no existe alternativa democrática a ello. Así pretende zanjarse cualquier controversia doctrinal sobre el Estado en España y, lo que es peor, cegar la posibilidad a la formulación de propuestas que persigan la superación del neofeudalismo imperante.

 

Desde una perspectiva liberal y republicana no podemos aceptar irreversibilidad alguna, excepto aquella que se refiere a la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que conforman el orden democrático. Todo lo demás puede y debe ser criticado, sin renuncia a proponer el cambio de aquello que, en nuestra opinión, perturbe o lesione la cohesión de la sociedad. Y ese es el caso que nos ocupa.

 

Disponemos de conocimiento y experiencia histórica para constatar que los intentos de modernización del Estado en España han fracasado sucesivamente, porque, entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo, olvidando que en nuestro país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte. La tendencia de los poderes regionales a eludir el interés nacional es una constante histórica. Que no debería ser así, porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me remito.

 

Por tanto, creo que es momento de encarar un problema que tiene difícil solución dentro de éste orden constitucional: entre las reformas del mismo habría que abordar la sustitución del derecho a la autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la descentralización administrativa que al concepto de autonomía que, se quiera o no, siempre deriva en acentuar la debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el propio Estado. Eso sin contar su coste cada vez más insoportable y las incontables ineficiencias que lo acompañan.

 

Sé que éste es un pronunciamiento contra la corriente doctrinal imperante, pero, si deseamos superar la decadencia civil y el déficit democrático que aquejan a España, no queda más remedio que suscitar el debate sobre uno de los aspectos que más influyen en esa situación: el Estado de las Autonomías se ha convertido en una fuente inagotable de desigualdades a la par que en una estructura costosa e ineficiente, sostenida en beneficio de las políticas partidarias, dueñas y señoras del poder público. El propio lenguaje oficial no se recata en reconocerlo así, cuando se habla de las “baronías territoriales” o se apela a quiméricas conferencias de presidentes de comunidades autónomas, para dar a entender que ya no existe poder alguno con capacidad para integrar o acometer las políticas que interesan a los ciudadanos y contribuyentes.

 

El tejido de intereses políticos y mediáticos para defender esta situación hace muy difícil la transmisión del discurso de su reforma. Pero nuestra obligación como ciudadanos comprometidos con la democracia es poner de manifiesto todo aquello que la perturba, acompañando la reflexión de propuestas encaminadas a fortalecer los principios que dan valor y autenticidad a cualquier orden democrático.

 

 

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