CLUB REPUBLICANO TERCERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

 

 

 

EL REPUBLICANISMO EN EL SIGLO XXI

Por Pedro López Arriba
(Club Republicano Tercera República Española, CR3)

Desde que la Dictadura de Franco terminó con la muerte del dictador, en 1975, nuestro país ha deambulado por una inacabable «transición» a la democracia que no ha terminado de llegar a ninguna parte. La monarquía se restauró en virtud del mandato del dictador, en el mismo 1975, y se ratificó en el referéndum constitucional de 1978. Un referéndum convocado para aprobar una Constitución elaborada sin proceso constituyente, en el que la monarquía se introdujo de rondón en la pregunta genérica sometida a consulta de los ciudadanos sobre el apoyo al cambio de régimen que ofrecía. La Constitución se pretendió democrática, pero no ha conseguido serlo. Hoy, casi 30 años después, y sin haber alcanzado la democracia prometida, no ha cesado aún la transición.

Y es hoy, en 2007, cuando asistimos al desvanecimiento de las falsas promesas de democracia que hizo la monarquía restaurada. Pero no se desvanecen solas y amenazan desvanecer también las bases mismas de la ciudadanía. En esta Monarquía de dictadura de las oligarquías partitocráticas, que no es una democracia, España ha empezado a dejar de ser, incluso, comunidad política. Peor aún, la misma idea nacional se combate desde numerosas instituciones del estado, como si España y el Franquismo fuesen una y la misma cosa. La contradicción entre el ser y el querer de los españoles que deambulan por esa transición sin fin está terminando por crear un conflicto irreconciliable entre el hecho de ser España un todo y la voluntad política de tratarla exclusivamente como agregado de unas partes separadas e independizables. Y, a todo esto, a la libertad política y a la democracia, ni se las ve ni se las espera.

«Si la nación fuera un Proyecto, como creyeron Ortega y José Antonio, y hoy creen todos los partidos, España dejaría de ser pronto una realidad política», ha dicho Antonio García Trevijano. Pero la nación es un dato objetivo pese al empeño de los partidos e instituciones de esta monarquía partitocrática en avanzar por el camino de su desintegración. Y, así, a las poblaciones agrupadas en Comunidades Autónomas, arbitrariamente las más de las veces, y que carecen de fronteras étnicas, religiosas o jurídicas, o de barreras separadoras naturales, se las está intentando redefinir como naciones con fronteras psicológicas o sentimentales, trazadas por la expansión de las ansias de poder de los pequeños partidos nacionalistas, subvencionados por el Estado en esta inacabable transición de la dictadura de un partido, el de Franco, a la vigente dictadura de los diversos partidos de la Monarquía partitocrática.

No es que sorprenda que la Monarquía conspire, como siempre, contra la realidad nacional de España. Así lo ha venido haciendo desde los tiempos de Fernando VII, intentando que prevalezcan los derechos de la corona sobre los de la nación y los del rey sobre los del pueblo. Lo novedoso es que hoy se camufle la negación de la libertad y la afirmación del privilegio apelando a las «izquierdas». Quizá invocar a las izquierdas puede parecer más respetable que las tradicionales invocaciones al trono, al altar y a la nobleza de antaño, pero el resultado es el mismo. Si en este solapado período constituyente, el poder monárquico de constituir no brota de la nación entera, sino de las partes que pueden convertirse de regiones en Estados, la defensa de la sociedad española, de su libertad y de la democracia quedará en las manos del republicanismo, por abandono de los demás. Pero el republicanismo sólo podrá hacerlo a condición de que sepa configurar una propuesta de liberación para los ciudadanos, de reconstitución de la nación y de constitución del Estado. ¿Pero cómo podrá abordar esa tarea con garantías de éxito el republicanismo?, ¿cómo podrá superar este reto sin recaer en los errores del pasado?

Definir los rasgos que han de caracterizar al republicanismo necesario en el siglo XXI significa plantear las cuestiones más importantes de la política y revisar las nociones fundamentales de nuestro pensamiento. Conceptos como la vida, como los derechos personales, como el individuo, o como sociedad civil, precisa revisar la vigencia de los grandes ideales que siempre han animado a los republicanos, es decir, la libertad, la justicia y el destino de la democracia en España. Y también significa incorporar buenas dosis de espíritu crítico, pues el republicanismo no siempre acertó en sus análisis y en su actuación, como los dos fracasos de las experiencias republicanas españolas muestran.

1. La historia que hay que recuperar

La historia del republicanismo español permite rastrear las principales líneas de su pensamiento y de su acción a lo largo del tiempo. Y es que esa historia empezó mucho antes de 1873 o de 1931. La historia del republicanismo español ha sido la historia de un prolongado y persistente movimiento político que ha buscado instaurar la libertad política, la igualdad ciudadana y la fraternidad y la justicia en nuestro país. Un movimiento por la libertad política que ha conocido diversas alternativas en la historia y que no siempre supo encontrar los mejores caminos. Pero, ¿cuáles son los principios que han de inspirar a los republicanos en el nuevo siglo?, ¿cuáles son los cambios que debemos proponer los republicanos para hacer posible la democracia en España?

El humanismo del Siglo de las Luces lanzó su apuesta por la libertad, la ilustración y el progreso, como bases de la convivencia social del porvenir. En el Conde de Aranda o en Jovellanos, en sus proyectos y en sus obras, encontramos la visión del hombre optimista del siglo XVIII, que nos propone que todo es posible y que todos los esfuerzos de los hombres, exitosos o infructuosos, contribuyen a la liberación de la humanidad. Los republicanos siempre hemos estado orgullosos de esa filiación ilustrada, hoy muy olvidada, con la que tenemos en común la pasión emancipadora de esa época en que las más elevadas ambiciones humanistas tomaron forma. El republicanismo está marcado también por la obra constitucional de Cádiz (1812), realizada en los tiempos difíciles de la Guerra de la Independencia, cuando nuestros antepasados expusieron la primera visión de una sociedad libre. Estos antecedentes ilustrados nos son fundamentales, pues necesitamos volver a las fuentes de nuestro pensamiento político: la filosofía racionalista, el espíritu científico, los valores democráticos, los derechos individuales, la solidaridad, o el propósito de hacer progresar la sociedad hacia la libertad y el bienestar.

En 1873 se proclamó la Iª República Española, culminando el ciclo abierto por la Gloriosa Revolución (1868-1874), un tiempo importante en la historia de España que los republicanos destacamos como un primer hito. En ese año se elaboró el primer proyecto de Constitución republicana. Un proyecto en el que encontramos los principios liberales de 1812, es decir, los derechos individuales, la separación de poderes y el gobierno representativo, fundados sobre los derechos del hombre. Pero las pugnas internas de los republicanos y las alternativas de revolución y reacción en las que nació y se desenvolvió la Iª República hicieron inviable esa Constitución. La República, simultáneamente sacudida por la Guerra Carlista y la Revuelta Cantonal, no logró afirmarse. Como tampoco tuvo éxito el intento, siempre poco estudiado y aún menos conocido, de asentar la República durante el año 1874. El esfuerzo de Serrano y algunos de los mejores liberales del Sexenio Revolucionario (1868-1874), se vio frustrado por la marea reaccionaria del falso liberalismo de la Restauración efectuada durante 1875.

El republicanismo salió de la experiencia de 1873-1874 debilitado y desunido, sí, pero también clarificado y mejor definido en cuanto a sus objetivos democráticos. Los daños producidos a la causa republicana por el maximalismo revolucionario, que había provocado la Revuelta Cantonal, obligaron a los republicanos a reformular su proyecto al margen del desmantelado ideario del Partido Republicano Federal (PRF), amalgama de corrientes políticas demasiado diferentes. Los planteamientos místico-religiosos de los profetas de la catarsis revolucionaria, que había destrozado la primera experiencia republicana, quedaron fuera del movimiento republicano. Pero esos planteamientos mesiánicos no fueron totalmente desterrados y volverían a ejercer su influencia en tiempos posteriores, para desgracia del republicanismo. El viejo federalismo de 1873 se fue disgregando hacia el emergente catalanismo y el anarquismo, si bien un reducido resto del mismo continuó existiendo hasta 1936, en estrecha alianza con los sindicalistas.

Entre los republicanos de 1873, Castelar y sus partidarios optaron por el «posibilismo democrático» lo que les condujo, con el tiempo, a integrarse en el Partido Liberal de Sagasta, en 1891, tras la implantación del sufragio universal. Salmerón y sus partidarios continuaron la línea puramente republicana mediante la formación de sucesivos partidos y agrupaciones de matiz liberal-demócrata, pero desde la legalidad. Y, por último, Ruiz Zorrilla, quien fuera último Primer Ministro de Amadeo de Saboya, pasó al activismo republicano tras la Restauración. Inicialmente siguió una línea insurreccional, que le llevó a apoyar los levantamientos republicanos de 1883 y de 1886, que se saldaron con sendos fracasos. Posteriormente adoptó la vía de la legalidad, formando junto a Salmerón en las iniciativas de reorganización del republicanismo. Los republicanos hubieron de buscar nuevas vías.

A partir de 1898, el republicanismo, se reforzó con la incorporación al mismo de destacados regeneracionistas, como Joaquín Costa. Y también con la incorporación de intelectuales como Pérez Galdós, lo que contribuyó a la recuperación del prestigio republicano ante la opinión pública, como se vio en las elecciones de 1903. La propuesta de Salmerón de fundar la Unión Republicana, en 1901, había tenido una gran repercusión y los republicanos habían vuelto a estar presentes en la política nacional de un modo más efectivo que el meramente testimonial, que habían mantenido entre 1876 y 1898. Pero esa recuperación tuvo, entre 1906 y 1907, una seria crisis. La propuesta de Salmerón de incluir en 1906 al republicanismo en la naciente Solidaridad Catalana, junto a los primeros nacionalistas y a los vetustos carlistas, provocó la división de los republicanos: Salmerón fue excluido de la Unión Republicana, que quedó así sin cabeza. El resultado fue que, en 1907, Alejandro Lerroux, un joven republicano afincado en Barcelona, siguiendo las líneas del radicalismo francés, fundó en 1907 el Partido Republicano Radical. Un partido que se mantendría como el más importante del republicanismo español hasta 1936.

Tras los éxitos electorales de los republicanos en 1910, bajo la Conjunción Republicano-Socialista, liderada por el Dr. Esquerdo, el republicanismo pareció encontró su camino. En esos años aparecen en el primer plano de la política nacional dirigentes procedentes del republicanismo, como el Primer Ministro Canalejas, hombre formado en las filas de Castelar, o como Melquíades Álvarez, quien procedía de republicanismo salmeroniano y que, en 1912, fundó el Partido Republicano Reformista, que participaría en los Gobiernos de Canalejas. Representaba Melquíades Álvarez el planteamiento más posibilista dentro del republicanismo, y en su formación militaron regeneracionistas como Gumersindo de Azcárate, o dos hombres tan importantes para la España del siglo XX como Ortega y Gasset y Azaña. Los principales hombres de republicanismo en 1931 no eran nuevos en la acción política al proclamarse la IIª República.

Entre 1875 y 1931, el republicanismo sobrevivió al saber erigirse en alternativa política al falso liberalismo de la Restauración. Las minorías republicanas, en los ayuntamientos y las provincias, desarrollaron una importante labor a favor de los principios democráticos, del laicismo y de la solidaridad social. En el periodo comprendido entre ambas repúblicas, y aunque no siempre supo escapar a la tentación de la demagogia, el republicanismo logró convertirse en referente político principal de quienes aspiraban a abordar tanto la reforma política, como la reforma social, a fin de establecer sólidamente la democracia en España.

La IIª República fue rotunda en sus deseos de igualdad, si bien, para su desgracia, se despreocupó de asegurar sólidamente la libertad, la separación de poderes y la garantía de los derechos individuales. La primacía de la cuestión social, propia de la época, absorbió casi todos sus esfuerzos. En el plano de la igualdad debe destacarse la aceptación del sufragio femenino, obra de Clara Campoamor. Pero también debe citarse la preocupación por establecer las condiciones de igualdad social necesarias para que la libertad fuera posible. Así, la Constitución estableció la sindicación como derecho fundamental (art. 39), las vacaciones anuales y la promesa de un sistema de protección social (art. 46). En la Constitución de 1931, se constitucionalizaron por vez primera los derechos sociales. La IIª República intentó establecer sobre todo la igualdad, el bienestar y la justicia, esperando con ello asentarse sólidamente, aunque no lo logró.

Pero, pese a la crítica que merece por su desatención a la libertad, la precisión en las finalidades sociales del republicanismo no era gratuita en 1931. Anunciaba una moral social, una ética de la solidaridad, que destacaba el compromiso republicano de hacer realidad esos principios. La atención al sufrimiento humano, la aversión a la injusticia social y la voluntad de remediarla, expresaba la vieja idea republicana de asegurar a los individuos las condiciones básicas para que cada uno pueda buscar por sí mismo, en libertad, el camino de su felicidad. Asegurar las condiciones materiales para la búsqueda de la felicidad por cada uno era un buen proyecto, pero no se supo evitar el dogmatismo de los planteamientos absolutos. La utopía del socialismo real o del comunismo fue una de las causas de la destrucción del proyecto republicano de 1931. No debemos olvidarlo.

Y es que la visión social y política de los republicanos, desde sus inicios, ha sido el humanismo. El individuo posee derechos fundamentales que la sociedad ha de garantizar; pero el individuo debe encontrar entre los demás, en la sociedad, pero por sí mismo y en libertad, las condiciones de su existencia y el camino de su felicidad. Los republicanos no creemos que el papel del Estado sea el de procurar la felicidad general y el sostenimiento de cada uno. El Estado ha de poner en pie las condiciones necesarias para la efectividad de nuestros derechos civiles, políticos y sociales. Pero es el individuo el que debe buscar el camino de su propia felicidad. Dejar vivir a la sociedad y al ser humano en libertad, he ahí el gran asunto que justifica las propuestas políticas y sociales del republicanismo, a veces venturosas y a veces trágicas. Esta es la mejor herencia de la historia de los republicanos, más allá del misticismo de la revolución total a toda costa, que tantos daños causó en las dos experiencias republicanas habidas en España.

2. Los rasgos principales del republicanismo

Los tiempos han cambiado, pero los valores fundamentales permanecen. En las líneas básicas definidas por el republicanismo en el pasado podemos descubrir los rasgos que han caracterizado al republicanismo y que aún lo hacen, y que le obligan a reformularse como ese movimiento político que entiende que democracia y república, en el fondo, son sinónimos. El tríptico republicano clásico, «libertad, igualdad, fraternidad», ha sido el inspirador de las grandes empresas transformadoras de los últimos 200 años, en España y en el mundo. Un lema que, en sí mismo, constituye un programa de reformas que sigue estando vivo y que expresa la fuerza de unas ideas que son, han sido y serán siempre las únicas verdaderamente revolucionarias. Expresa los valores republicanos clásicos, sobre los que se han de establecer los nuevos principios y valores del presente y del futuro: la iniciativa individual como motor del progreso, la lucha contra los monopolios y el estatalismo, la defensa de los consumidores, la generación y la distribución del conocimiento y de la riqueza, la solidaridad general, las causas humanitarias, el cuidado y la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos individuales y de la democracia.

La libertad, el gran principio inspirador

Pero de los tres, es a la libertad a la que corresponde la primacía. Porque la libertad es el concepto maestro y el fundamento principal del republicanismo, pues es la libertad el derecho en el que se fundan todos los demás derechos. Un derecho que es condición de existencia de los demás derechos individuales y que se confunde casi con el derecho a la vida. Sin embargo, muchos desprecian la libertad hoy en día, pocos subrayan su importancia actualmente y algunos tienden a darla por supuesta. Un error grave, pues la libertad política no existe en España. Y, así, paradójicamente, no es una sorpresa contemplar cómo actualmente muchas de las ideologías que se autodefinen como progresistas y de izquierdas sienten indiferencia, cuando no reservas expresas, hacia la libertad. Y constituye un auténtico motivo de alarma comprobar cómo muchos de estos movimientos que se autodefinen «progresistas», en España y en el mundo, sienten un profundo desprecio hacia la libertad y una profunda aversión hacia ella.

Algunos dicen todavía que los valores en que se fundamenta la libertad son insuficientes o que ya están superados. Pero esa actitud, no nos engañemos, no pretende otra cosa que negar la libertad y afirmar el privilegio. Y así vemos, en todo el mundo, cómo algunos pretenden negar la libertad desde la invocación a los derechos de los pobres y de los oprimidos, como si eliminar la libertad fuese la forma de superar la pobreza y la opresión. Y también se pretende que la libertad es escindible. Que es posible la existencia de la libertad política sin que exista la libertad económica, o que es posible la existencia de la libertad política en contextos de limitación o restricción de los derechos individuales. No debe haber engaño en esto, pues la realidad que hemos conocido en los totalitarismos del pasado siglo XX, o la realidad de las teocracias islámicas, la de los actuales nacionalismos vasco y catalán, nos ponen delante de los ojos la evidencia incontestable de que la libertad no puede fraccionarse sin que perezca, y que la falta de libertad significa siempre la miseria para la mayoría, además de la dictadura para todos.

No ha de haber error en esto: la libertad no es un concepto antiguo superado. La libertad está, más bien, por alcanzarse, desarrollarse y afianzarse plenamente en este mundo. La libertad y los valores que la acompañan no son viejos, sino que se encuentran en su más tierna infancia, pendientes aún de alcanzar a todos los pueblos y países del planeta, los que todavía no han alcanzdo su plenitud. Son valores que, en la mayor parte de las ocasiones, están por estrenar en nuestra convivencia y en nuestras sociedades. Y no será con el olvido o el menosprecio de la libertad como nuestras sociedades logren avanzar en bienestar y en justicia. Al contrario, la libertad, lo que precisa, es de salvaguardias y de garantías para su existencia y desenvolvimiento pues, como nos enseña la experiencia, sólo en contextos de libertad es posible la generación de la riqueza, del bienestar y de la justicia.

La Ciudadanía, base de la Sociedad Civil y de la Democracia

La idea de libertad va indisolublemente unida a los conceptos de democracia y de ciudadanía. La democracia republicana se ha de fundamentar en una ciudadanía responsable y consciente, que participa en los asuntos públicos en condiciones de igualdad y que tiene como fin primordial el interés común de la sociedad. Pero ser ciudadano no es la mera pertenencia a una comunidad. Tampoco se identifica con la simple condición de elector. La democracia no consiste sólo en participar periódicamente en la elección de nuestros gobernantes. El desarrollo de la democracia se ha apoyado en el mecanismo de la representación y, a causa de la extensión de los estados y del elevado número de sus habitantes, la democracia ha de establecerse sobre el sistema de gobierno representativo, elegido a través de la participación de todos los ciudadanos que, mediante el sufragio, deciden entre los distintos candidatos que se presentan en competencia libre.

Pero surgen serios problemas cuando la política se profesionaliza y se burocratiza. Porque, inevitablemente, han de aparecer serios problemas cuando los representantes tienden a interpretar o priorizar, unilateralmente, las demandas ciudadanas y a secuestrar la voluntad de los electores, mediante sistemas electorales proporcionales de listas de partido. Esos problemas ponen en riesgo la existencia de la misma democracia. Cuando eso sucede, la democracia representativa se convierte en partitocracia, es decir, en un puro mecanismo delegativo del poder y la responsabilidad, sin garantías. La democracia queda así falseada, y las élites políticas se sienten completamente a salvo, bien atrincheradas en sus puestos. Con ello, las posibilidades de participación de los ciudadanos en la política quedan completamente defraudadas por su falseamiento y secuestro a cargo de las élites dirigentes de los partidos.

Uno de los principales peligros para la democracia en nuestro tiempo radica en que «los representantes del pueblo soberano» se conviertan en «los soberanos representantes del pueblo». Por ello hay que reforzar los mecanismos institucionales de participación cívica y control democrático, con el fin de que se puedan exigir responsabilidades políticas y rendición de cuentas. Hay que establecer sistemas lectorales de representación de los ciudadanos y de la sociedad civil, no de representación de los partidos.

La fraternidad concebida como justicia y solidaridad

En materia social los republicanos han establecido una ecuación básica: sin derechos sociales los derechos civiles y políticos son derechos vacíos; y sin derechos políticos y civiles, los derechos sociales son inviables. De nada le vale a nadie disponer de derechos si no puede atender, siquiera, su manutención y la de los suyos. Al tiempo que la justicia social no se puede imponer desde la tiranía, como la indeseable realidad de los países comunistas del siglo XX y sus epígonos en este siglo que comienza, nos señala.

Una de las líneas que han separado al republicanismo del socialismo se refiere exactamente a la propiedad individual. Mejor dicho, a la concepción que unos y otros tenemos respecto a la función de la propiedad. Los republicanos sostenemos la defensa de la propiedad privada, si bien subordinada al interés público y a la utilidad social, tal y como estas han sido definidas en la legislación sobre expropiación forzosa. Por el contrario los socialistas, sean socialdemócratas, ácratas o comunistas, han lanzado la más concluyente condena de la propiedad, casi con rasgos de anatema religioso, y únicamente los socialdemócratas se han planteado respetarla, pero sólo como un mal menor. Lo que bulle detrás de esta polémica, en su fondo, es una concepción diferente del hombre y de sus lazos con la sociedad. Frente al colectivismo ácrata, frente al corporativismo fascista y frente al «comunitarismo de clase» de socialistas y comunistas, los republicanos siempre fuimos partidarios del individualismo filosófico, que afirma la primacía del individuo sobre la colectividad.

Por esa razón, los republicanos de todas las épocas han ratificado esa filiación, esta inclinación a favor del individualismo —político y económico—, que no siempre ha sido fácil defender por razón de la hegemonía de que han gozado los postulados socialistas durante muy largos años. Pese a ello, los republicanos hemos mantenido nuestra visión de que la democracia es una doctrina basada en el humanismo, lo que nos lleva a proponer un triple objetivo: la extensión de la libertad en el ámbito de la sociedad, la promoción social por el trabajo y por el mérito y, en materia económica, la prioridad para la iniciativa individual y el espíritu creativo en la empresa.

La afirmación de la libertad ha de ser, como antes dije, la base de que ha de partirse para la resolución de los problemas sociales. La acción del Estado en estas materias, tras la consolidación de los sistemas de seguridad social, no puede ya incrementar mucho más la función asistencial. Para romper la dinámica de la precariedad social, lo que ha de hacerse es abrir la economía para facilitar la creación de riqueza, único modo de que la pobreza y la exclusión social por razones económicas disminuyan. La tarea del Estado debe centrarse, pues, en remover los obstáculos administrativos y políticos que dificultan la creación de empresas y su acción, y ha de limitar el impacto de la fiscalidad sobre el ahorro. Y, sobre todo, ha de asegurar la igualdad de condiciones para la promoción social, porque se trata de acabar con la pobreza, no con la riqueza.

El gran problema de nuestra época en todo el mundo sigue siendo la creación de la riqueza y la mejora de su administración, de modo que los beneficios de su distribución alcancen al mayor número posible de personas. El republicanismo no promueve el rencor social. No se trata de suplantar al empresariado privado por una élite tecnocrática, estatal o de partido, ni de crear una perspectiva de economía estatalizada. La experiencia del socialismo, tanto en su versión comunista del «socialismo real», como en la versión socialdemócrata de los «gestores obreros del capitalismo», se ha revelado globalmente negativa. Pero de esa negatividad se han podido extraer valiosas enseñanzas. Así hoy, podemos afirmar que no tiene sentido seguir ideando modelos sociales y económicos «alternativos» al capitalismo. Las «alternativas» que hemos conocido a lo largo del siglo XX no acabaron con ninguno de los problemas que prometieron resolver y crearon terribles problemas de abastecimiento y de tiranía. El socialismo ha dejado muy mal recuerdo y nunca fue alternativa a nada.

La comprensión cabal del laicismo

El otro gran principio republicano es el laicismo. El laicismo, en su origen, surgió como la garantía para la efectividad de la libertad de conciencia. La separación definitiva de la Iglesia y del Estado fue una vieja aspiración de liberales, demócratas y republicanos españoles, como Mendizábal, Istúriz o Madoz, aunque su efectiva realización fuese más tardía. Tras algunos atisbos en las Constituciones de 1837 y 1869, se prefiguró por vez primera en el proyecto constitucional de 1873 (arts. 35, 36 y 37), de la mano de Pi y Margall y Castelar. Pero no se intentó establecer efectivamente en nuestras leyes hasta la Constitución de 1931, que declaró a todas las confesiones religiosas «asociaciones especiales». Una perspectiva razonable en lo teórico que encontró graves problemas de concreción práctica por la persecución religiosa desatada por los maximalistas de la revolución durante ese periodo.

Porque el laicismo es, realmente, la garantía de la libre elección de creencias y de su ejercicio dentro de la ley, no el ataque a las religiones y la prohibición de su práctica. El laicismo ha servido en las sociedades europeas como concepto clarificador de la frontera entre el poder espiritual y el poder temporal, afirmando la soberanía del segundo en el orden político. A partir de las premisas básicas del laicismo, es el poder político el que ha de asumir la responsabilidad, no siempre bien atendida, de hacer reinar en la sociedad la tolerancia, el respeto a la conciencia íntima y a las creencias personales. Pero como dijo el propio Azaña, el ataque a la religión, a las personas y a los templos, nada tiene que ver con esto.

Pero laicismo es también -¡y lo olvidamos demasiado!- el principio de la neutralidad del Estado frente a los intereses particulares y contradictorios, de la sociedad civil. El laicismo recomienda al poder público la vigilancia sobre los grupos de presión, sobre los corporativismos, sobre las confesiones religiosas y los localismos indiferentes, cuando no hostiles, por definición, al interés general. Neutralidad del Estado y de las instituciones, que deben constituirse en garantes de la libre elección de creencias. Laicismo es, ante todo, asegurar la libertad religiosa y de conciencia en la sociedad civil y, al mismo tiempo, garantizar la ausencia de influencias religiosas en el Estado.

Los republicanos estamos firmemente comprometidos con el laicismo. La violencia de los conflictos interétnicos de carácter religioso, en el mundo y en la misma Europa, la amenaza del islamismo, el antisemitismo subyacente a nuestra cultura, la marginación de las mujeres, la exclusión de las minorías, etc., son la prueba dolorosa de que la barbarie política siempre nos amenaza. Unos dramas humanos que no están resueltos del modo definitivo y que nos demuestran la necesidad imperiosa del laicismo.

3. ¿Qué es lo que ha de proponer el republicanismo para la España del siglo XXI?

Si el republicanismo ha de volver a tener algo que proponer, más allá de recuerdos y nostalgias, ello ha de ser la propuesta de instauración de una nueva República. Una República concebida para separar los poderes del Estado y establecer la libertad política y la plena democracia. Una República dedicada a hacer efectivos los derechos de los españoles, así como a establecer para esos derechos ciudadanos las más seguras garantías. El hombre común, su vida, su dignidad y sus derechos, son la razón de ser, la esencia del republicanismo. En primer lugar, pues, la reivindicación de la libertad política y la defensa de los derechos individuales, base, fundamento y razón de ser del republicanismo.

En su base, organizando el armazón institucional que ha de servir de efectiva garantía de los mismos, la soberanía nacional. Soberanía en su acepción democrática de soberanía popular. Soberanía del pueblo español, fuente y base de todo poder legítimo en nuestro país. Armazón institucional legitimado por el voto popular, pues la población ha de estar representada en todas las instancias de poder del Estado: municipales, provinciales, regionales y nacionales. En segundo lugar, pues, la soberanía nacional. Rechazamos por esta razón los intentos secesionistas que existen en el país, por cuanto esa pretensión fraccional niega la soberanía popular, al negar la existencia del pueblo español. El pueblo español es el único titular de la soberanía nacional en España.

La exigencia de garantías efectivas para los derechos personales que constituye la base del proyecto republicano requiere el aseguramiento del control sobre las instituciones, y precisa de medios para la contención de la arbitrariedad, la desviación o el abuso del poder. Locke y Montesquieu han enseñado que solo con el poder se puede frenar al poder, que solo el poder puede controlar al poder. La división de poderes es la suprema garantía de los derechos de los ciudadanos. En tercer lugar pues, la división y separación de poderes, una asignatura dolorosamente pendiente en España.

La necesidad de asegurar el orden y el equilibrio en la sociedad civil exige de los poderes públicos la permanente adopción de decisiones en el ámbito institucional, que afectan a los intereses materiales de personas, grupos, colectividades. Y en la defensa de sus estrechos intereses, lo grupos y los individuos casi nunca son capaces de subordinar su limitado interés parcial, sectorial, o aldeano, al interés general. El laicismo, que alcanza en nuestra perspectiva actual, una dimensión superior como principio regulador de la neutralidad de las instituciones ante los intereses egoístas y fragmentarios de grupos e individuos. En cuarto lugar, pues, el laicismo, la efectiva separación de las confesiones religiosas y el Estado.

Cuatro grandes principios inspiradores de la política de cambios que el republicanismo, fiel a su tradición y a los principios que lo fundamentan, se propone acometer para hacer realidad la democracia en España en su plenitud, es decir, una República Constitucional que, mediante la separación de poderes, asegure la libertad política. Y de este modo, lejos de los fantasmas del pasado y conocedores de los aciertos y de los errores que jalonan nuestra historia, los republicanos podremos asumir la tarea de defender la sociedad española y de dirigirla hacia la libertad y la plena democracia.

(Publicado en Cuadernos Republicanos nº 64, julio de 2007)

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