CLUB REPUBLICANO TERCERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

 

D.H. LA III REPÚBLICA CONSTITUCIONAL D.H.

Palabras de Antonio García-Trevijano


En este País de las Maravillas para Partidos, como en el de Alicia, se desconoce por completo no solo el valor sino la existencia de lo auténtico. El lenguaje de la eufemia, al ser universal, designa las cosas sociales y políticas con palabras y frases edulcoradas que llegan a constituir un mundo ficticio en suplantación del mundo real. El triunfo del eufemismo lo garantiza el consenso de partidos y medios de comunicación. Cualquier afirmación contraria al consenso se considera delito social. No se extrañen, pues, de que mi discurso sea un delito continuado.


En esta Monarquía de Partidos estatales, España ha dejado de ser comunidad política. Como idea espiritual, agoniza. Su historia se reduce a geografía. Su materia económica y social, aumenta. Su cultura se consume como mercancía. España pierde su identidad.

La contradicción entre el ser y el querer de los españoles en tránsito, en esta Transición sin destino, crea un conflicto irreconciliable entre el hecho de ser España un Todo y la voluntad política de tratarla como Parte. Un tipo ontológico de conflicto entre la existencia y la esencia de la Nación española.

Si la nación fuera un "Proyecto", como creyeron Ortega y Jose Antonio, y hoy creen todos los partidos, España dejaría de ser pronto una realidad política. El partido españolista carece de argumento contra los partidos que están realizando, en sus sitios natales, un proyecto sugestivo de vida en común semejante al español. Ningún partido podrá negar que su concepto de nación coincida con el proyecto de vida en común de dos enamorados, y queéste es el más sugestivo de todos. Pero si, como creo, la nación es un hecho objetivo que nos viene dado con independencia de la voluntad, entonces la realidad existencial de España hará sucumbir a un Estado monárquico que está dejando de ser esencialmente nacional.

Poblaciones sin fronteras naturales, étnicas, religiosas o jurídicas, están siendo definidas como naciones con fronteras psicológicas o sentimentales, trazadas por la expansión de apetitos de poder en pequeños partidos nacionalistas, subvencionados por la Transición de la Dictadura de un partido a la Monarquía de varios.

La Monarquía de Partidos parcela la realidad nacional de España. Parangonando a Luis XIV, el Rey Juan Carlos ya puede proclamar que "la Nación no forma cuerpo en España". Pero no porque "resida toda entera en la persona del rey", como dijo su pariente, sino porque ahora se encarna en tropeles de agentes nacionalistas en busca de su propio Estado. A diferencia de aquel rey absoluto, a este rey relativo no le cabe ya en la cabeza la nación española. La frivolidad de su Corona tanto sirve para instrumentar un golpe nacionalista de Estado Total, como estatutos nacionalistas de Estado Parcial. Totalitarismo o parcialitarismo de Estado derivan de una misma concepción fascista de la nación. La orteguiana del proyecto sugestivo de vida en común.

Si en este solapado período constituyente, el poder monárquico de constituir no está en la nación entera, sino en partes que pueden convertir regiones en Estados, la defensa del cuerpo de España la deja la monarquía en manos de una República que pueda ser reconstituyente de la Nación y constituyente del Estado. ¿Pero qué República puede lograr esta hazaña política? La República no se define por lo que ella es. Siempre la ha identificado lo que ella no es, la Monarquía. En la Revolución francesa, la República expresó nuevos sentimientos populares de patriotismo y civismo, pero no se definió como modo político de organizar el poder del Estado. La Dictadura jacobina, el Directorio, el Consulado y el Imperio fueron formas igualmente republicanas. La indefinición política de la República permitió a Stalin y Hitler ser tan republicanos como Jefferson o Lincoln. El fraude político trepa por las repúblicas cuando éstas se
limitan a ser meras negaciones de las monarquías, o a expresar formas paganas del Estado que no se identifican con la libertad de la democracia.

Frente a lo concreto y personalizado de las monarquías, las repúblicas simbolizan la abstracción de poderes anónimos. Por eso no vienen de algo conocido que las preceda. Llegan por advenimiento. Nos sorprende que ningún movimiento republicano haya conquistado el Estado. Lo ocupa si los reyes lo dejan vacío. No es una metáfora que los pueblos se acuesten monárquicos y se despierten republicanos. Las revoluciones en Norteamérica y Rusia no realizaron un previo ideal republicano, sino la independencia frente a la monarquía inglesa o la alternativa socialista al capitalismo. La República era un instrumento. No un fin. Incluso en la Revolución Francesa, antes del 10 de Agosto del 92, solo era un fantasma faccioso que asustaba a Robespierre y Saint Just.

Como la princesa durmiente en el bosque, la República yace dormida en la sociedad, hasta que la despierta el beso principesco del Estado. No es una larva social que se transforme, por su propia madurez, en mariposa política. La anuncia una negación y nada la prepara. Anida en los corazones y no penetra en las mentes. No despierta como fauno procreador, sino como doncella predispuesta a ser violada por todos los sátiros del situacionismo o del oportunismo. Antes de dar forma al Estado, siempre ha sido una idea virginal. Un sueño.

Sin haberse construido como alternativa a la monarquía, la República adviene de repente como solución a la crisis monárquica. Y cuando se hace real como forma del Estado, no está realizada en el espíritu ni en el cuerpo social. Llega sin republicanos. Esta virtualidad, "per se", de la República, explica sus repetidos fracasos y sus continuos renacimientos. La incapacidad de la idea republicana para ser alternativa de poder institucional, atrasa su porvenir como forma democrática del Estado. La Monarquía dura como lo malo conocido frente a la República por conocer. Hagamos al menos que la República se conozca de antemano.

La historia de la República en España se asocia a la historia de dos fracasos. El del federalismo de la I República, que nacionalismos periféricos quieren ahora repetir, y el del parlamentarismo, que nostálgicos de la II República desean restaurar. El Pacto de San Sebastián no definió su esencia ni el modo de darle existencia. La República llegó de modo imprevisto y se instaló en un Estado de precariedad. Derrotada en la guerra civil, que no supo evitar, se refugió en la dignidad del sentimiento republicano, hasta que los partidos que antaño la defendieron se aliaron con los epígonos de la Dictadura, para legitimar el fraude político de esta Monarquía de los Partidos, coronada por un Rey nombrado por Franco. Sin conocer las causas de sus fracasos, sin saber la naturaleza de las instituciones políticas que, a la tercera vez, los vencerían, toda propuesta republicana se traduce en un encanto sentimental para dormir apocadas almas de servidumbre o en un aventurerismo irresponsable para avivar voluntades con activismos personales sin acción colectiva.

La República Federal es un contrasentido cuando no hay Estados que federar. Y la Parlamentaria no cambiaría la política de la Monarquía de Partidos. ¿Sería diferente una República de Partidos? No hay que crear otros partidos. Solo que la República los saque del Estado y los ponga en su sitio, o como diría Aristóteles, en su lugar propio, es decir, en el seno de la sociedad política. Por primera vez en la historia europea, la República Constitucional se presenta como alternativa a la Monarquía Parlamentaria y a la Partitocracia. Esta nueva idea republicana es tan atractiva para el supremo interés de la libertad política y de la unidad nacional, que ella misma se basta para proponerse como único método pacífico de alcanzar la democracia formal, que evitaría la corrupción y mediocridad de la clase política, y como única solución al problema secesionista creado por los nacionalismos de partido. La disyuntiva Monarquía Parlamentaria o República Constitucional equivale hoy a la disyuntiva Partición o Unidad de España, es decir, Partitocracia o Democracia. La idea de partir la nación sale de la ambición de repartir el poder territorial entre Partidos estatales. Es paradójico que el Estado monárquico subvencione a los partidos que lo diezman.

Carecería de sentido sustituir esta Monarquía de Partidos por su hermana gemela, la República de Partidos. ¿Para qué
cambiar al Rey por el Presidente de una República Parlamentaria con menos poder que el Vicepresidente de los Estados
Unidos?.

La Monarquía española cumple la misma función oligárquica que todas las Repúblicas parlamentarias. Tan corrompidas como ella, porque no son representativas de la sociedad civil, a causa del sistema electoral, ni sistemas políticos adecuados a la necesidad de un sólido poder ejecutivo en una civilización globalizada por la economía y la técnica.

El obstáculo que se opone a la República Constitucional no está en el ejército, la Iglesia o la burguesía empresarial. Sus enemigos son, como al final de la Dictadura, los medios de comunicación y los grupos políticos sindicados en el poder del Estado. Pero el principal adversario de la III República no es hoy el partido heredero del franquismo, sino el PSOE. Una sigla oportunista que, por su propia idiosincrasia, traicionará la Monarquía, cuando la vea en trance de perecer, para encabezar la República y corromperla. Su esnobismo de nuevo rico se codea y pavonea con la riqueza apátrida, como los lacayos domésticos con los grandes aristócratas del XVIII.

La plutocracia encuentra en las oligocracias políticas el instrumento para la continuidad de su señorío del mundo, mediante guerras, explotación suicida de los recursos, aranceles, armamento, artefactos informáticos, modas extravagantes y pasiones de mirar, oír o leer las costumbres de los famosos o las aberraciones de los instintos. Que vienen a ser casi lo mismo. La política ha devenido otro espectáculo que añadir a los que entretienen el ocio de sociedades políticas pasivas. El pensamiento débil y "prêt a porter" de los intelectuales modernistas ha creado la levedad de la cultura actual, la banalidad de la política y el crecimiento amorfo de las masas urbanas. En este ambiente social de incultura política y de atonía moral, me sorprendió que un nuevo Club Republicano me invitara a presidir la
conmemoración del LXXV aniversario de la II República, bajo un lema, la República Constitucional, a cuyo concepto y teoría he dedicado gran parte de mi vida intelectual.

Si hace 12 años tuve el honor de romper el tabú de la República con la presentación de mi Discurso contra todos los nacionalismos, de signo centralista, federal o secesionista, porque nadie tiene legitimidad para usar la nación como bandera partidista, hoy me enorgullece concretar aquella promesa de verdad y libertad política, proponiendo la acción constructiva de la III República a todos los demócratas que nunca creyeron en la Transición, o que se han desengañado de las ilusiones puestas en el neofranquismo de Partidos republicanos integrados y subvencionados en el Estado monárquico. No repetiré aquí mi teoría pura de la democracia, que no es la creencia angelical en la democracia pura, sino un sistema institucional donde la libertad política se garantiza, y la corrupción se evita, con la separación de poderes en el Estado. Su síntesis está expresada con fidelidad en el manifiesto del Club Republicano
que nos ha convocado, para proponer a todos los demócratas españoles, en este momento de incertidumbre política, la instauración pacífica de una República Constitucional para defensa de la unidad nacional de España y para conquistar de una vez la libertad política.

La oportunidad del momento es evidente. No hay Partido ni medio informativo que no pregone la necesidad de una reforma constitucional. La Constitución ya no es un texto intocable, ni sirve para satisfacer las ambiciones de los propios partidos que la fraguaron. Cada Partido busca su tajada. Desde la ridícula reforma sobre el sexo de la Corona, hasta el tratamiento de Cataluña y País Vasco como naciones estatales, pasando por la eliminación del ejército en tanto que garante de las instituciones políticas.

Pues bien, frente al artificial consenso de que todo es negociable en un teatro de paz, levanto la voz republicana para afirmar, con la certidumbre de las verdades naturales, que ni la unidad nacional de España ni la democracia, por la propia naturaleza histórica o formal de sus respectivas realidades, son susceptibles de negociación. La Nación no puede acordar dejar de serlo. Y democracia, sin adjetivos, solo hay una. O existen elecciones para designar, de modo directo y separado, a los representantes de los ciudadanos y al Presidente de la República, o no existe democracia. Es escandaloso que en Europa el Partido que gobierna, es decir, el que ejecuta las leyes, también las haga en los
Parlamentos. La sola existencia de un banco azul produce la subordinación del poder legislativo a los agentes económicos y mediáticos que inspiran la iniciativa legislativa del poder ejecutivo, sea cual sea el partido gobernante. Por eso son todos iguales. Y los Altos Tribunales de la Justicia dejarían de estar corrompidos hasta la médula, salvo excepciones individuales, tan pronto como los partidos no tuvieran el poder de nombrar, por cuotas, a sus Magistrados. Las Autonomías han disparado el gasto público mucho más allá de lo que demandaba la descentralización de la Administración y la desconcentración del poder estatal. Ahora, se hace necesaria una cesión de gran parte de las
competencias y presupuestos autonómicos a favor de los grandes municipios regionales. Llamados a ser, por ello, los grandes beneficiarios de la República y nuestros aliados virtuales.

Por no ser una idea marxista, la República Constitucional en España no sería mal vista por los intereses económicos o ideológicos de Estados Unidos. Y frente a la necesaria federación de los Estados Europeos, el factor republicano español sería un poderoso acicate para su realización. La mal llamada Constitución de la Unión Europea ha fracasado por el temor de los Gobiernos a integrarse en un Poder federal más fuerte, y más patriótico en el sentimiento europeo, que ellos. Una República Constitucional en España tendría un rol protagonista en el proyecto de unidad europea.

Pero donde principalmente se hace necesaria es en el terreno pre-político de la unidad de España como Nación. Ni el ejército ni un partido españolista pueden garantizarla sin atentar a la libertad política, y sin provocar el sentimiento anti-español que alimenta las ambiciones federales o secesionistas de los partidos nacionalistas. Toda persona conocedora de la función social de las instituciones políticas sabe cual es la solución a este grave problema. Pero ni un solo partido tiene la generosidad de proponerla. Pues esa solución es incompatible con el mantenimiento de la Partitocracia.

Se trata de una solución institucional que no necesita reprimir las aspiraciones autonómicas, ni restringir la libertad de asociación en partidos independentistas. Una solución que, sin terrorismo de Estado ni propaganda españolista, dejará transcurrir por cauces pacíficos la libertad de asociación política y de expresión cultural de los sentimientos particularistas, incluso separatistas. Una solución que, sin fórmulas federales, equilibra la tendencia disgregadora de los poderes Autonómicos con la tendencia integradora del poder ejecutivo del Estado. Se trata de corregir el error doctrinario de la Revolución francesa, cuando otorgó a la Convención la facultad de nombrar el poder ejecutivo de la
primera República. Se trata de sustituir a Locke por Montesquieu. Rousseau no es hoy el problema. Pero lo sigue siendo el artificio retórico creado por el abate Sieyès. Me refiero, como ya habrán adivinado, a la solución que encontraron los fundadores de Estados Unidos, cuando fracasó su primera Constitución Parlamentaria. A partir de Tocqueville, se sabe que el éxito de la nueva Constitución no se debió a la fórmula federal, casi idéntica a la confederal fracasada, sino a la nueva institución de un Presidente de la República elegido por sufragio universal de los ciudadanos de todos los Estados federados. El patriotismo de la nueva nación no nació en su guerra de Independencia. Lo prueba
el hecho de que fuera un inglés, recién llegado, Tom Paine, quien tuvo que definir el patriotismo americano. La idea y el sentimiento de la unidad de la patria en EEUU, contra el fuerte patriotismo en cada Estado federado, nació y creció con el Presidencialismo.

Un Presidente de la República Española, elegido por sufragio directo de todos los españoles, o sea, de catalanes, vascos, gallegos, canarios, andaluces, castellanos y demás comunidades autónomas, produciría en España los mismo efectos integradores y patrióticos que en Estado Unidos. Además de asegurar institucionalmente la democracia formal y de evitar la corrupción de la clase política, mediante la separación de poderes, la institución presidencial daría lugar, en muy poco tiempo, a la preponderancia del sentimiento unitario español, sobre los sentimientos locales. Y el terrorismo separatista se desvanecería en el vacío, al quedar privado de su base sentimental.

La deslealtad ha sido el motor y el paradigma de la Transición.

Paradigmáticas y contagiosas han sido las traiciones del Rey a su padre, a los principios del Movimiento y a sus amigos promotores del 23 F. La de Suárez a la Falange. La de Fraga y tantos otros franquistas a sus juramentos de represores. La de Felipe González a los postulados socialdemócratas que le llevaron al Gobierno. La de Santiago Carrillo a los ideales que le dieron personalidad política. La de los nuevos cargos públicos a sus discretas esposas y antiguos amigos. La de los intelectuales y artistas a sus credos o vocaciones. Y lo peor de todas estas deslealtades no es la crueldad de la ruptura con el mundo de los afectos anteriores. Lo peor es que tan brutal incoherencia moral haya sido enseñada, en los medios informativos y en las universidades, como la principal virtud política de la Transición. La clave del milagro español.

Un verdadero republicano ha de permanecer fiel a la República hasta el final de sus días, cualquiera que sea la ventaja que le ofrezca el consenso monárquico de la deslealtad. Los promotores de la República Constitucional han de ser intransigentes respecto de los principios éticos y políticos que la fundamentan. Solo así podrán superar la oleada de oportunismo que tratará de ahogarlos cuando la Monarquía nos enseñe sus cuartos traseros. Por mi dilatada e intensa experiencia me permitiréis daros este sencillo consejo. Participad en la acción republicana para tener la felicidad de mirar luego al pasado sin arrepentiros de haber sido tan fieles a la República, como a vuestros intereses familiares. Esa será, amigos, vuestra grandeza personal.

En la obra de arte, no es el tamaño sino la expresión estética lo que la hace grande. Igual ocurre con los actos creadores. La reducción de este foro se agranda con la grandeza de su expresión republicana. Pasados los sueños, ha llegado el momento de la acción para las almas nobles y fuertes. Pero solo el artista hace camino al andar. En la realización política solo se avanza si, y solo si, se anda encaminado. Mis iniciativas de acción contra la Dictadura obedecían a la estrategia de la ruptura democrática. Fracasada esta estrategia por la traición de los partidos, el consenso monárquico me desterró al exilio interior. Y gracias a este retraimiento, pude crear la teoría de la democracia
formal y de la república constitucional, contra la cultura política dominante en Europa, todavía dependiente de aquel 17 de junio de 1789, que llamó Asamblea Nacional, y no Asamblea Popular como propuso Mirabeau, a la reunión de los tres órdenes, cuando la Nación aún no había sido alumbrada, ni descabezado el Rey que la encarnaba. Con este armamento intelectual pude romper el tabú republicano en la presentación del Discurso de la República. Ahora vuelvo a la acción para promover, contra la Partitocracia y la Monarquía, la restauración nacional de España y la constitución de
la democracia política, mediante la instauración de la República Constitucional.

No puedo terminar este acto de esperanza, sin comprometer mi palabra con un breve diagnóstico sobre el tema que ocupa la atención del mundo, salvo al parque de bomberos que daría alto al fuego en un supuesto incendio vasco. Como lo advirtió Maquiavelo, la clave del progreso no está en la Paz sino en la Libertad. El terrorismo no es esa guerra unilateral que inventan los adversarios de la paz. Los Bush, Blair y Aznar de las Azores. Un final del terror, negociado por los terroristas con el Gobierno, no anuncia el fin de un conflicto bélico inexistente, ni presagia una repetición de la opereta romántica del Estatuto nacional de Cataluña. Lo que se proyecta es una amputación orgánica de la libertad constituyente de todos los españoles. La suma de dos debilidades, las que ETA y el Estado monárquico se atribuyen mutuamente, solo augura la precariedad de la negociación. Las víctimas del terror deben ser compadecidas y asistidas, pero no seguidas en sus indignadas intromisiones en la política. Decía Juvenal que "en defecto de genio, solo la indignación hace el verso". Sin genio y sin indignación, la flaqueza española del gobierno no hará verso épico con las muletillas del hacha etarra. Veremos si lo hace elegíaco de la desgracia terrorista o de la muerte agónica del Estado español.

En la vivencia de los fundadores del Club Republicano, en la historia cultural del Ateneo, en la biografía de todos los asistentes a este acto, incluso en la de los que discrepen de mis tesis, se integrará el orgullo de haber participado en la creación del punto de orientación y la senda política, por donde podrán discurrir las acciones dispersas del pluralismo ideológico, hasta converger en la instauración de la futura República Constitucional. Aquí solo hemos diseñado su cauce. Declaro, para terminar, mi eterna gratitud a los vivos que participen en la realización práctica de la República Constitucional. Debemos responder, con inteligencia y carácter, a la crisis de esta Monarquía de Partidos. A la que denuncio como proyección fascista de Estado Parcial. Por mi parte, todos saben que siempre haré un poco más de lo que un hombre consecuente pueda hacer por la República que alborea. Un sistema integrador de la voluntad política nacional en la realidad histórica de España. Y única fórmula política que garantiza la libertad política.

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EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO

Pedro López Arriba (Grupo Tercera República Española - G-T.R.Es.)

Tener que hablar en el lugar inmediatamente anterior al de Antonio García Trevijano, a quien casi todos ustedes estarán deseando oír, me exige ser breve en el tiempo y prudente en los conceptos. Breve, para dejar paso cuanto antes a su intervención, y prudente, pues los conceptos que usamos los republicanos españoles hoy, y que emplearé yo ahora, los debemos en gran medida al pensamiento de Antonio García Trevijano, un hombre que contra viento y marea ha mantenido viva la llama de la República durante estos últimos 30 años.

¿A qué me refiero al usar la expresión “déficit democrático”?

Nuestro país, como la mayor parte de los países europeos, es una sociedad que parece disfrutar de un régimen de libertades relativamente amplio y homologable. El franquismo desapareció hace ya 30 años y sabemos distinguir entre la dictadura de Franco y la actual monarquía constitucional.

¿Qué quiere decir, entonces, que existe un déficit democrático?

Nuestro país ha conocido en los últimos 200 años situaciones de libertades limitadas como la restauración de 1876-1923, situaciones de libertad amenazada como fueron las de las dos experiencias republicanas de 1873 y de 1931, y ha conocido también dictaduras. La actual monarquía parlamentaria, restaurada en 1978, constituye un caso más de un sistema de libertades limitadas y amenazadas, pues falta la principal libertad: la libertad política.

Y es que esto no es una democracia, porque en lo que se refiere a la democracia política, que es de lo que estoy hablando, la situación que presenta la vigente monarquía constitucional, a los treinta años de su puesta en marcha, dista mucho de ser mínimamente satisfactoria. Poseemos una amplia lista de derechos y libertades, pero su garantía es muy deficiente.

En determinadas zonas del territorio nacional, como Cataluña o País Vasco, esas libertades son conculcadas casi a diario desde las mismas instituciones: el uso del idioma español está proscrito en Cataluña y la oposición política al gobierno vasco ha tenido que ser protegida con guardaespaldas en razón de las amenazas que recaían sobre sus vidas. La libertad de movimientos por el territorio nacional se ve limitada, cuando no impedida, por las barreras que levantan por doquier los nacionalismos que afloran por doquier.

La disidencia es perseguida implacablemente, como el caso de la eurodiputada del PSOE Rosa Díez acaba de demostrar una vez más. La libertad de expresión sufre en estos momentos de un acoso increíble desde los fundamentalismos religiosos como el islamismo y desde las instancias de poder gubernamentales regionales, como sucede con el Consejo Audiovisual de Cataluña (el CAC) o como sucede con el proyecto de Consejo Audiovisual Nacional que el Ministro Montilla parece tener en agenda.

Y ahora, en estos días, asistimos a un espectáculo curioso: se habla desde las instancias gubernamentales de la iniciación de un proceso de “pacificación” en el País Vasco, como si allí hubiese una guerra, cuando lo que hay es un problema de falta de libertad y de ausencia de democracia.

En fin, que al aseverar que esto no es una democracia no pretendo más que constatar un realidad ya enunciada por Antonio García Trevijano en alguna de sus obras. Y es que los rasgos definitorios de la democracia, las características imprescindibles que debe reunir un sistema político para poder ser considerado como una democracia, son fundamentalmente tres: 1) el principio representativo en la sociedad política, 2) el principio electivo para la formación del gobierno, y 3) el principio divisorio del poder en el Estado.

Pues bien, en España —y en general en el entorno europeo— el principio representativo se burla mediante el voto a listas partidarias que desnaturalizan las elecciones: los electores votan a partidos que, previamente, han seleccionado a los representantes; el diputado o concejal y, en estas condiciones, el elegido no es el representante de la ciudadanía, sino del partido que lo ha seleccionado.

El principio electivo para la formación del gobierno se burla mediante la llamada “elección indirecta” del gobierno por la cámara, que deja en manos de los parlamentarios la designación del presidente del gobierno. Y el principio divisorio se burla a través de la concertación del legislativo y el ejecutivo para la designación recíproca: el partido designa a su candidato (y jefe del partido) para jefe de gobierno y los diputados, si se mueven, no saldrán en la próxima foto, ya que su presencia en las listas electorales depende exclusivamente de la jefatura del partido. El resultado es un legislativo débil y cautivo de un ejecutivo fuerte. Un ejecutivo que no es elegido por el pueblo, y cuyo presidente está exento de responsabilidad política y judicial.

Además, el oligopolio político absoluto concedido a los partidos parlamentarios ha elevado la corrupción a factor de gobierno en nuestro país. Y un factor importante que, en ocasiones, resulta decisivo, como la OPA de Endesa ha demostrado en los últimos meses.

La constatación de estos hechos nos obliga a replantearnos algunas cuestiones. Como por ejemplo, la realidad de la democracia política en España y en la misma Europa. Y, sobre todo, las limitaciones y deficiencias de la Monarquía Parlamentaria Española. Hoy en día, se hace inevitable que estos asuntos sean revisados, a la vista de las prácticas antidemocráticas que afloran en por doquier en nuestro país y en la mayor parte de los países europeos, y que se ven coronadas por el llamado “déficit” democrático de la Unión Europea, relativo a la nula existencia de autoridades democráticas en el conjunto de los órganos de la Unión: el único órgano elegido por los ciudadanos, el Parlamento Europeo, carece casi totalmente de competencias.

El gobierno parlamentario se ha revelado en España como una fuente inagotable de problemas y corrupción, que dificultan, limitan o impiden la efectividad de la democracia. Los problemas más acuciantes son los que se refieren a la separación de poderes y al régimen electoral.

Y ante esa realidad, lo que los republicanos proponemos es la necesidad de abordar la transformación de esta Monarquía en una auténtica democracia. Una tarea aparentemente compleja pero que, por paradójico que resulte, no ofrece muy serias dificultades normativas. Pensemos, por ejemplo, en el preámbulo de la vigente Constitución expresa con claridad y concisión los fundamentos y los objetivos de la democracia política.

Pero la realidad del texto articulado que le sigue, ejemplifica espléndidamente la corrupción general que anida en la misma base del sistema. Porque, pese a las definiciones generales, el articulado de la vigente Constitución se dedica, en gran medida, al falseamiento y elusión de esos mandatos programáticos, de esos valores superiores, hasta desnaturalizar completamente los principios invocados en el preámbulo.

Los republicanos proponemos la reforma de la legislación electoral, en el sentido de que sean los ciudadanos quienes elijan directamente a los gobernantes —municipales, autonómicos y nacionales—; y también para que los órganos legislativos y deliberantes —consistorios, parlamentos autonómicos y Cortes generales— sean elegidos por la ciudadanía, en circunscripciones uninominales (a simple o doble vuelta).

Nos definimos a favor de un régimen presidencialista, con todas sus consecuencias en lo que se refiere a erigir un contra poder parlamentario efectivo frente al poder del gobierno, y con lo que significa en cuanto a la reforma del sistema electoral.

Con ello se lograría la separación del legislativo y del ejecutivo que permitiría el juego institucional, regulado por la ley, de que a un poder ejecutivo fuerte le controle un poder legislativo liberado de todas clase de sumisiones ante el jefe del ejecutivo, que actualmente padecen los parlamentarismos europeos.

El presidente de la república ha de dirigir su gobierno, confrontado a un parlamento al que se le haya devuelto el ejercicio pleno de sus funciones de legislación, debate y control. Este proyecto constituye el primer paso para organizar un gran cambio institucional que, por el bien nacional, no se debería diferir.

Los republicanos tenemos idénticas exigencias institucionales respecto de Europa. En la línea marcada por los fundadores de la Unión, estamos por el proyecto de una Europa política, animada por una concepción netamente federal, proponiendo transferir a la Unión Europea la diplomacia, la política defensiva, la justicia, la economía, todo lo que conforma ahora la internacionalización.

Desde hace 50 años, Europa avanza, pero a muy pequeños pasos. La puesta en circulación del euro ha acelerado la integración porque los europeos, teniendo una medida común para comparar consumo y rentas, empujarán a sus Estados a las necesarias armonizaciones fiscales y sociales.

En suma, que frente al déficit democrático actual en España y en Europa, los republicanos proponemos la Democracia Política en su plenitud.

Muchas gracias

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Conde Aranda

(El Conde de Aranda)

LA CONSTITUCION DE 1978: ¿SOLUCIÓN O PROBLEMA?

Pedro González (Liberales por la República - LIBRE)

I.- INTRODUCCION:

Muy buenas tardes, mi breve intervención en este acto en el que tengo el honor de participar, trata únicamente de llamar la atención sobre un aspecto de la vida política nacional que por manifiesto no deja de ser no solo preocupante, sino incluso descorazonador, por cuanto nos viste de un negro pesimismo sobre los males que padecemos actualmente en la sociedad española.

Se trata nada más ni nada menos del llamamiento desde la clase política a la intangibilidad del texto constitucional del año 1.978 como única forma de garantizar la igualdad ciudadana y la integridad del estado, de tal forma que propugnar su reforma o su ruptura se asimila en la práctica a la desintegración nacional y disolución de los lazos de igualdad entre los ciudadanos.

II

Se parte así generalmente de la idea preconcebida de que la solución a los problemas nacionales se encuentra en la constitución vigente, obviando que los más importantes precisamente tienen su origen en dicho texto, imponiéndose necesariamente su recusación en aras ya no a garantizar, sino a crear las condiciones indispensables para alcanzar la libertad política que generosamente se presupone que gozamos.

No puede ser la solución al problema nacional un texto principal que a pesar de referir que la soberanía popular reside en el pueblo, cuando en la práctica las decisiones últimas de la sociedad política se atribuyen a los partidos políticos como únicos sujetos de la misma en los que los ciudadanos se convierten en espectadores pasivos del juego político que legitiman con su voto cada cuatro años, favoreciendo así la quiebra entre la sociedad política y la sociedad civil, ya que esta última carece de las facultades de control y reproche de sus actuaciones, imperando por el contrario la razón de partido, convertida así en primera razón de estado.

No es la solución invocar en aras a la unidad nacional la conservación de un sistema electivo que además de favorecer el proceso centrifugador del estado que actualmente padece el país, discrimina a la ciudadanía como sujeto de sufragio en virtud de donde radique su residencia.

Tampoco lo es, sostener como solución la dependencia de un poder judicial que no resulta independiente sino solo formalmente y que se encuentra sometido directamente en cuanto a sus órganos de gobierno y elección a los propios partidos políticos, y en el que además, el máximo responsable del Ministerio Público, activo democrático para la defensa del derecho resulta elegido de forma tan poco democrática como es la designación directa por el partido en el poder.

III

Tales evidencias parecen no ser apreciadas por la mayoría por el efecto anestésico que el sistema de libertades otorgado tiene sobre la conciencia de si se vive o no en auténtica libertad política. Así se sufren sus consecuencias, y en clara paradoja, se acude al propio texto para su remedio.

Es cierto que las voces más altisonantes a favor de la reforma constitucional se hacen oír para propugnar la desintegración nacional y la desigualdad entre los ciudadanos, pero ello no es óbice para poner de manifiesto la necesidad de la reforma en el sentido democrático que precisamente tiene sus consecuencias contrarias.

Una propuesta que armada con razones de pura democracia pretenda una verdadera separación de poderes, que necesariamente implica un ejecutivo electivo y de mandato limitado, y que garantice un sistema de contrapesos de poderes ahora inexistente que tiene como correlato la búsqueda de mayorías absolutas como única forma posible de gobierno, convirtiéndose así en segunda razón de estado.

IV

Lo que ya resulta no sólo paradójico sino insultante, es que se trate de cargar sobre la idea republicana la nota separatista o desintegradora, cuando precisamente el actual sistema de Jefatura de Estado no representativa plasmada en un monarquismo parlamentario basado en la elección del gobierno a través de un sistema proporcional de listas de partido lleva inevitablemente a pactar con los partidos de tendencia nacionalista mediante mayorías absolutas sin las cuales los actuales partidos no pueden llegar a gobernar, esta situación es la principal culpable de un irremisible proceso de centrifugación del estado a base de continuos pactos de transferencias competenciales, ya sea por Ley ad hoc o estatutariamente, en atención a conseguir la deseada e imprescindible “estabilidad de gobierno”, tercera de las Razones de Estado o más bien pecados capitales.

Un sistema el actual que lejos de dar la satisfacción a las aspiraciones de los distintos pueblos de España a través de una representación verdaderamente democrática, no sólo no ha solucionado el “problema Vasco” ni el “problema Catalán”, sino que va camino incluso de crear un antes inexistente “problema gallego” favoreciendo orgánicamente a través de sus instituciones pactadas en la constitución de 1.978 el florecimiento de sentimientos separatistas donde no los había.

La unidad nacional como garantía de la igualdad entre ciudadanos sólo se pude garantizar cabalmente mediante un sistema de representantes elegidos mayoritariamente por los Ciudadanos por el más elemental principio Democrático de Igualdad de “un hombre, un voto” independientemente del lugar de España donde residan, legitimando la unidad del estado mediante una Jefatura del Estado ocupada por una Alta Magistratura democráticamente elegida en sufragio de todos los mayores de edad y mediante la aplicación independiente de las normas que los ciudadanos se den por Órganos Judiciales realmente independientes de todo mandato político.

V

Por tanto la propuesta republicana no puede ser sino una propuesta democrática constitucional que despierte en primer lugar la conciencia ciudadana de la raíz de nuestros problemas, y en segundo lugar que acepte la firme tarea de la acción en pro de las reformas constitucionales necesarias para afrontarlos.

Una propuesta pues pacífica, ciudadana, democrática y constitucional alejada de dogmatismos o propuestas que han quedado invalidadas por el propio curso de la historia, que decididamente mire hacia el futuro, y en la que la labor pedagógica juega un papel esencial por cuanto se hace preciso como premisa el despertar de la ciudadanía que, como anteriormente señalé, por voz de la clase política se aferra a unas premisas constitucionales que más que solución son origen de muchos de los problemas de nuestra sociedad.

Es claro que asumir esta tarea expone a quien la afronta al punto de mira de toda la clase política sin excepción, ya que por un lado el afrontar el problema de la libertad política en nuestro país encontrará la oposición de aquellos que al amparo del engranaje institucional actual han adquirido un desproporcionado y preponderante poder en el sistema respecto a su verdadera representación ciudadana, con la lógica resistencia a perderlo, y por otro la de aquellos que adquirieron igualmente una posición privilegiada en el sistema fruto del pactismo entre los que ya la ocupan en la dictadura y los que querían alcanzarla como premio a su oposición a la misma y que cristaliza con el texto de 1.978.

Frente a ello solo se puede hacer una cosa, y utilizo para ello el título de la magnifica obra de quien hoy preside esta mesa, destapar la “gran mentira”, que no es otra que decir que en España se vive en auténtica democracia.

Para ello se trata de hacer ver que vivir en democracia no consiste únicamente en elegir entre la oferta electoral de unos cuantos partidos que se convierten en auténticos órganos administrativos del estado, sino llegar a la representación ciudadana en la vida política de forma efectiva que garantice el control de clase política y su responsabilidad, convirtiendo la sociedad cívica en sociedad política, que existan jueces realmente independientes no solo formalmente sino en cuanto a sus propios medios de actuación y sin ligazón a criterios políticos en su designación que determinen sus decisiones, así como gobernantes que respondan ante las mismas leyes que las de aquellos que les eligen.

Es en este sentido, y así termino, es labor de todos nosotros cristalizar una propuesta republicana seria, respetable, y con credibilidad intelectual, que sin perder de vista a nuestros antecesores, aprenda de errores pasados y mire hacia el futuro de forma decidida en la labor aún no comenzada de devolver al pueblo la libertad política de la que es acreedor, una república de todos y para todos los españoles, proponiendo serena pero firmemente las reformas que para ello sean precisas.

Afrontemos pues decididamente esta tarea que a todos nos compete. Eso es todo.

 

 

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